En una carta de cinco páginas dirigida al procurador general, Gregorio Eljach, la defensa de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, pone de presente lo que considera una serie de irregularidades de la Fiscalía General en el proceso que se adelanta en su contra por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La exfuncionaria, quien sigue privada de su libertad, cuestionó el hecho de que la Fiscalía General les dé plena credibilidad a las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, pese a las contradicciones en las que han incurrido.
“Es abiertamente exagerada la protección y credibilidad que la Fiscalía les ha otorgado a estos señores (en referencia a López y Pinilla), donde, a pesar de haber reconocido ser los autores de gravísimos delitos, sin asomo de respeto por la dignidad de la justicia, al parecer han llegado a inducir en error a magistrados de la propia Corte Suprema de Justicia”, señala la carta firmada por el abogado Mauricio Camacho Fernández.
Para el jurista, existen diversas evidencias que permiten establecer que los dos testigos de cargo de la Fiscalía General han omitido y modificado información clave en esta investigación, situación que ha afectado considerablemente las garantías procesales de la exfuncionaria.
Esto debido a que tanto en la imputación como en la acusación, la Fiscalía General ha citado las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla para aseverar que Sandra Ortiz dio órdenes precisas para pagar millonarios sobornos que terminaron en manos de los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
“Es deleznable la manera como la Fiscalía 9 Delegada ante la Corte elaboró y sometió a control de la judicatura un acta de preacuerdo con el señor Olmedo López”, enfatiza la mencionada carta.
Por eso, insiste en la necesidad de que se abra la puerta a una negociación y finiquitar un principio de oportunidad para que se entregue información novedosa que permita esclarecer los hechos que han sido ocultados por los testigos de la Fiscalia.
Para esto pidió el acompañamiento de la Procuraduría General, para que se abra esta posibilidad y se logre una negociación que beneficiará a todas las partes interesadas.
La exconsejera presidencial, quien fue acusada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en servidor público, se encuentra privada de su libertad en una guarnición militar desde el 18 de diciembre de 2024.
En entrevista exclusiva con SEMANA reveló hace unos meses que tenía información sobre las irregularidades en la elección del Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.
En dos oportunidades la Fiscalía le cerró la puerta asegurando que la información que había anunciado no era novedosa.