Al despacho del magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico del Gobierno Petro, llegó un concepto del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pidiendo que se declare “inexequible” el decreto que creó impuestos al sector energía a partir de la declaratoria de emergencia económica que firmó el presidente Gustavo Petro.
El documento de 19 páginas de la Procuraduría en poder de SEMANA le pide a la Corte Constitucional que declare “la inexequibilidad del Decreto Legislativo 0044 de 2026, ‘por el cual se adoptan medidas para propender por la prestación del servicio domiciliario de energía eléctrica en el marco del estado de emergencia económica y social’”.
El ente de control hizo una rigurosa verificación sobre el examen formal y material de dicho decreto, pero terminó concluyendo que las disposiciones plasmadas en ese documento no cumplen con los estándares exigidos por la Constitución y la ley estatutaria frente a los estados de excepción.
“El análisis se enfocó en verificar el vínculo entre las medidas de excepción y los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia. No obstante, se constató que tanto la contribución parafiscal como la contraprestación en energía no están orientadas a cubrir el faltante de recursos para pagar los subsidios adeudados a los agentes comercializadores del servicio de energía eléctrica”, dice el documento.
La Procuraduría recordó que ha sido el propio Gobierno nacional el que ha manifestado que esas deudas con los subsidios faltantes ascendería a la suma de 4,18 billones de pesos para la vigencia 2025.
Sin embargo, el ente de control manifestó que esa medida busca “fortalecer un fondo empresarial a cargo de la Superintendencia que vigila el sector, así como de exigir un aporte en especie a cambio de un beneficio tributario, asuntos que no guardan vínculo alguno con los hechos referidos en el decreto de declaratoria de la emergencia”.
Para el procurador Eljach, la motivación del decreto no se dirigió a sustentar la relación con las medias adoptadas, pues el Gobierno expuso, según su criterio, que la crisis en el sector de energía eléctrica obedece a una “multicasualidad” que generó un deterioro acelerado del sistema, sin que se advirtiera la conexión entre esa descripción y las medidas adoptadas.
Este concepto se alinea con el que hace algunos días envió el procurador Gregorio Eljach solicitando que solo se declaran constitucionales las medidas para atender el sector salud en el decreto que fijó el estado de emergencia en Colombia. La decisión final la tiene la Corte Constitucional.