Casi dos meses después de que se suspendió provisionalmente el primer decreto que expidió el Gobierno Petro para declarar una emergencia económica en el país, la Corte Constitucional publicó los argumentos de fondo detrás de la decisión que desató toda una tormenta política.
El documento de 112 páginas publicado por el alto tribunal explica que el Gobierno presentó ocho hechos que “agravan la actual crisis fiscal” y “ponen en riesgo la garantía de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales”, pero la Corte no halló “evidencia clara que permita concluir, al menos prima facie, que se trata de circunstancias sobrevinientes”.
El alto tribunal también destacó que argumentar la declaratoria de emergencia por el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República, “impacta de manera evidente” dos garantías fundamentales del Estado colombiano: la separación de las ramas del poder público y el principio democrático.
“La Corte estima que invocar como un hecho sobreviniente el válido ejercicio de las competencias del Congreso en el marco de un sistema de democracia representativa, equivale a vaciar de contenido la competencia legítima de este órgano constitucional”, detalla el documento.
Para el alto tribunal se produjo un “efecto irremediable” al habilitar al presidente Gustavo Petro para expedir una legislación que, naturalmente, le corresponde al Congreso de la República, por lo que resaltaron que “si tal decisión equivale a un hecho sobreviniente que justifique el estado de excepción, la única opción del Congreso consistiría en la aprobación de la ley de financiamiento”.
Pero la Corte Constitucional fue más allá y calificó como una “afrenta contra el principio de separación de poderes y el principio democrático”, que el Gobierno haya declarado un estado de excepción por el hecho de que el Congreso de la República hundió la ley de financiamiento que aspiraba tener el ejecutivo.
“Invade competencias celosamente resguardadas al legislativo, por ejemplo, la imposición de tributos cuyo ejercicio por parte del presidente de la República es absolutamente excepcional. Y en este caso específico supone, sin una justificación suficiente aparente, la asunción de una competencia que el Congreso ejerció al amparo de la Constitución”, explicó el auto.
A finales de marzo la Corte tomará decisiones de fondo sobre esa declaratoria de emergencia económica que quedó suspendida provisionalmente desde enero de este año, mientras que el procurador Gregorio Eljach avaló la mayoría de artículos que hacen parte de ese acto administrativo.