La Sala Plena de la Corte Constitucional por unanimidad acaba de tumbar la sentencia Senit 5 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual abrió la puerta a procesar a mandos medios que podrían tener cierta responsabilidad detrás del conflicto armado en Colombia.
Los magistrados de la Sala decidieron: “Inexequible la regla jurisprudencial derivada de la interpretación de los artículos 19, 84 y 129 de la Ley 1957 de 2019, conforme a la cual la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas puede ejercer una selección positiva, posterior o de segundo orden respecto de comparecientes no seleccionados por la Sala de Reconocimiento de Verdad”.
El fallo de la JEP definía que, después de pasar por ese trámite, los casos serían remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación para un eventual trámite adversarial; sin embargo, ese trámite se quedó sin piso jurídico por decisión de la Corte Constitucional.
El alto tribunal confirmó que la decisión se tomó por varios argumentos de peso: “Violación al principio de legalidad, debido proceso y proporcionalidad de la sanción, previstos en los artículos 28 y 29 de la Constitución Política; y 10 de la ley estatutaria de la administración de justicia en la JEP”.
El fallo también declaró inconstitucional la regla derivada de varios artículos de la Ley 1957 de 2019, respecto a la cual existen comparecientes con responsabilidad del punto medio o cercano a la máxima, por desconocimiento del principio de legalidad, el debido proceso y la proporcionalidad de la sanción frente a la ley estatutaria que puso en marcha la Administración de Justicia en la JEP.
Este proceso inició después de que el exjefe negociador del proceso de paz con las Farc, Humberto de la Calle, demandó la sentencia Senit que reabría los casos de los máximos responsables del conflicto armado que habían sido declarados bajo esa condición, lo que ocasionaba que podrían terminar nuevamente investigados caso por caso.
Por su parte, el procurador Gregorio Eljach manifestó en su momento que la sentencia contradecía varios principios como legalidad, proporcionalidad, igualdad y el debido proceso. En un documento hasta advirtió que “la JEP se ha extralimitado en sus funciones”.