La Sección de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia reconoció como víctima a la Cancillería en el proceso penal que cursa en contra del exministro Álvaro Leyva Durán.
Para el alto tribunal, los hechos por los que fue llamado a juicio el excanciller pudieron afectar directamente al Ministerio, poniendo en riesgo su buena imagen y la confianza de la ciudadanía.
Leyva Durán, quien no se hizo presente en la diligencia, será acusado por el delito de prevaricato por acción en calidad de autor en concurso homogéneo.
Esto, por declarar desierto, en 2023, el proceso de licitación para el millonario contrato que tenía como objetivo “la prestación del servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte, así como la impresión y entrega de etiquetas de visas colombianas”.
Después que la Fiscalía General resolviera dos dudas presentadas por la defensa del exministro, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia avaló la acusación radicada.
De esta forma, Leyva entrará a una etapa de juicio ante el alto tribunal que será el encargado de emitir el correspondiente fallo.
Por estos mismos hechos, la Procuraduría General sancionó con destitución e inhabilidad al excanciller por el término de diez años para ejercer cargos públicos.
La cuestionada licitación
Para el ente investigador, el actuar del entonces Ministro de Relaciones Exteriores no tuvo una justificación coherente.
Según la acusación, agotadas las etapas previstas en la normativa contractual, el Comité Evaluador concluyó que la propuesta presentada por la Unión Temporal Pasaportes 2023 cumplía con los requisitos exigidos y obtuvo el mayor puntaje, razón por la cual recomendó su adjudicación.
Sin embargo, el 13 de septiembre de 2023, el Canciller profirió la Resolución 7485, mediante la cual declaró desierta la licitación, pese a la existencia de un proponente habilitado.
El ente investigador indicó que las razones invocadas en torno a la supuesta afectación de los principios de libre concurrencia e igualdad no constituían fundamento legal suficiente para impedir la adjudicación.
Un día después, el 14 de septiembre de 2023, luego de interpuesto recurso de reposición por el representante del único oferente, el entonces ministro expidió la Resolución No. 7540, mediante la cual mantuvo la declaratoria de desierto del proceso licitatorio.
Ese mismo día, a través de la Resolución 7541, declaró la urgencia manifiesta en el Fondo Rotatorio del Ministerio, decisión que, según el ente acusador, se adoptó sin el cumplimiento de los presupuestos legales exigidos.
En la audiencia de imputación de cargos que se celebró a mediados de diciembre pasado, el excanciller no aceptó los cargos.