En crisis se encuentran las unidades Gaula de la Policía y del Ejército, luego de que la fiscal Luz Adriana Camargo expidiera una resolución que debilita las investigaciones contra el secuestro y la extorsión.
Fuentes de la Fuerza Pública le confirmaron a SEMANA que, tras la decisión de la jefe del ente acusador, se pasó de tener 120 fiscales especializados a 40, lo que claramente es un retroceso en la lucha contra estos dos delitos.
Asimismo, confirmaron las fuentes que en 2025 se incrementaron en un 125 % los casos de secuestro en comparación con 2024.
Según las fuentes, lo que hizo la Fiscalía fue retirar los fiscales especializados para asignar la mayoría de los procesos nuevos a los fiscales que están en las URI, Unidades de Reacción Inmediata.
Según fuentes de la fuerza pública, el 70 % de la extorsión la comete la delincuencia común, casos que quedarán en manos de fiscales que no son especializados, propiciando un freno en las investigaciones de profundidad.
En lo que va corrido del año se han presentado más de 10.000 casos de extorsión, según indicaron las fuentes.
SEMANA había advertido de la crisis que generó la fiscal general de la Nación y que, según fuentes de la Fuerza Pública, comienza a tener graves repercusiones en las investigaciones actuales.
Uno de los casos más notables es el del cabo Jersey Alexander Quintero, secuestrado y asesinado mientras pretendía comprar un carro el pasado 8 de noviembre, en Bogotá.
“Buscamos que un fiscal recibiera la denuncia para adelantar los actos urgentes y rescatar al cabo, pero no fue posible; días después lo torturaron y asesinaron”, reveló un investigador que conoció el caso.
El cabo Quintero ahorró 10 millones de pesos para su carro. Estaba en curso de ascenso y cumplió la cita con los supuestos vendedores en el sur de la ciudad. Resultaron ser integrantes del Tren de Aragua que lo secuestraron, torturaron y asesinaron. Su cuerpo fue abandonado en un paraje del municipio de Soacha.