Nada bien salió la audiencia de conciliación que programó este viernes 22 de mayo el magistrado César Reyes de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, para que el presidente Petro tratara de llevar a buen término las denuncias que ha puesto en contra de los congresistas Jota Pe Hernández, Lina Garrido y Miguel Polo Polo.
A la diligencia judicial solo asistieron presencialmente el presidente Petro, su abogado Alejandro Carranza, el senador Jota Pe Hernández, su defensa y los representantes legales de los otros dos congresistas. Lo que estaba citado para una conciliación terminó en un choque de versiones a las afueras de la Sala de Instrucción, en el norte de Bogotá.
Varias horas después de permanecer al interior de esas instalaciones de la Corte Suprema, el senador Hernández salió a confirmar que no conciliaba y que ratificaba todas las publicaciones que ha hecho en sus redes sociales contra el mandatario, mientras que el abogado Carranza, defensa de Petro, se mantuvo en sus denuncias también.
El congresista de la Alianza Verde, acompañado de sus abogados, aseguró: “No existió ningún tipo de conciliación porque le manifestamos a la Corte Suprema que aquí no existe ningún tipo de delito. El senador Jota Pe Hernández le ha solicitado a Estados Unidos que investigue, allí se llevaban a cabo dos investigaciones en contra del presidente”.
Esa fueron las principales razones de Hernández para argumentar que no concilia con el presidente y se ratifica en las “solicitudes” que ha hecho a Estados Unidos para que lo investiguen. Una versión muy distinta a la de la defensa del mandatario.
Aunque el presidente también asistió a la diligencia, fue a su abogado Alejandro Carranza el que salió a micrófonos: “Las denuncias que se formularon contra ellos fueron por menoscabo a la integridad nacional, al pedir que a ojalá a Colombia la invadan para que se lleven al presidente o pedir que ojalá al presidente lo metan preso que porque es aliado del narcotráfico”.
La defensa del jefe de Estado también manifestó que los procesos contra los congresistas avanzan por delitos de calumnia, injuria e instigación a la guerra: “Los senadores no tienen por qué pedir que a Colombia la bañen de sangre ni que vengan extranjeros a acabar con la cabeza del Ejecutivo, eso sí es muy irresponsable”.
Por ahora, el magistrado Reyes analizara las versiones que entregó el mandatario y el senador Hernández para definir si la denuncia que está en etapa de conciliación pasa a investigación formal en contra de los congresistas Jota P Hernández, Miguel Polo Polo y Lina Garrido.