Este miércoles 16 de septiembre, los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia definirán dos procesos claves contra senadores del Pacto Histórico: la investigación a David Racero por el caso Fruver y el proceso contra Isabel Zuleta por el polémico ‘tarimazo’ de la Alpujarra, en Medellín.
Los dos casos avanzan en el despacho del magistrado César Reyes, quien ya presentó sus ponencias frente a la suerte que le espera a Racero por una posible medida de aseguramiento y a Zuleta por una decisión que podría definir el futuro de su investigación.
El caso Racero
SEMANA conoció que el magistrado Reyes presentó su ponencia, en la que pediría no imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad al exrepresentante a la Cámara que volvió a salir elegido para el Senado de la República en el periodo 2026-2030.
Racero ya tuvo que presentarse a indagatoria en ese caso por supuestamente poner a trabajar en un establecimiento comercial de frutas y verduras en Bogotá, que sería propiedad de su familia, a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Congreso.
La ponencia de Reyes se conoce después de que el magistrado Fredy Ibarra Martínez, miembro del Consejo de Estado, rechazó una demanda contra el senador del Pacto Histórico en el que pedía declarar la “muerte política” por este caso. El alto tribunal consideró que no existían méritos suficientes para esa medida.
Ese tipo de decisiones y las investigaciones que ha venido adelantando el magistrado César Reyes le habrían permitido construir su ponencia en la que estaría solicitando a sus colegas de la Sala de Instrucción que no le impongan medida de aseguramiento al senador Racero.
El ‘tarimazo’
El magistrado César Reyes también presentó su ponencia en el caso de Isabel Zuleta por el polémico tarimazo que lideró el expresidente Gustavo Petro en la plazoleta de la Alpujarra, en Medellín, junto a varios cabecillas de las bandas criminales más peligrosas de Antioquia.
SEMANA pudo confirmar que el magistrado Reyes pidió en su ponencia a la Sala de Instrucción “inhibirse” de investigar a la congresista del Pacto Histórico. Es decir, la Corte Suprema se abstendría de seguir investigando a la legisladora por este caso.
Desde julio de 2025, la senadora del Pacto Histórico fue denunciada por el supuesto delito de abuso de función pública, luego de que le habría solicitado al Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) que trasladara a nueve peligrosos delincuentes desde la cárcel de La Paz, en Itagüí, hasta el centro administrativo de La Alpujarra,
En ese lugar terminaron participando y compartiendo tarima con el expresidente Gustavo Petro en un acto público que estuvo enmarcado por la política de paz urbana y paz total de ese gobierno.
La solicitud de la senadora Zuleta habría provocado que el coronel Rolando Ramírez, director de custodia encargado del Inpec, firmara una resolución que facilitó el traslado de los criminales. Lo que la Corte investigó es si la congresista tenía las facultades para emitir esos pedidos.