El congresista David Racero fue citado a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por, presuntamente, poner a trabajar en un fruver, de propiedad de su familia, a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
El actual representante a la Cámara del Pacto Histórico deberá presentarse ante el despacho del magistrado César Augusto Reyes Medina, el próximo lunes 9 de marzo, a las 8:30 de la mañana.
Racero, quien aspira a dar el gran salto al Senado en las elecciones del próximo 8 de marzo, es investigado por el delito de concusión.
El Código Penal detalla que ese delito se da cuando un servidor público, abusando de su cargo o sus funciones, induce a alguien a cambio de dinero. Lo grave del asunto es que quien cometa esos actos podría pagar hasta ocho años de cárcel, multas millonarias e inhabilidades para ejercer funciones públicas.
“Se investigan las circunstancias que rodearon consignaciones hechas a las cuentas del representante a la Cámara por integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo. Igualmente, si un funcionario de su despacho fue asignado a tareas en un negocio particular”, señaló la Corte Suprema el pasado 21 de agosto, tras la confirmación de la apertura de investigación.
La indagación hace mención a dos eventos: primero, que el representante a la Cámara le habría dicho a sus asesores y a su conductor que dejaran de cumplir sus funciones para que atendieran el mercado de frutas y verduras ubicado en Bogotá.
El congresista, quien se ha presentado como progresista y defensor acérrimo de los derechos laborales, ha señalado que el negocio lo creó junto a su familia en el 2020, en medio de la pandemia, señalando que jamás tuvo relación con la contratación o con las labores de los trabajadores.
Sin embargo, existe un audio de la aplicación WhatsApp en el que se le escucha organizar la contratación de una empleada que necesitaba para un establecimiento de su propiedad en 2020. En esa grabación, él reveló que el sueldo que le pagaría a la mujer era menor al salario mínimo de esa época, que las jornadas laborales eran de casi 13 horas y que el contrato que iba a suscribir no incluía prestaciones. Solo le pagaría un millón de pesos.
La segunda parte de la investigación se refiere a la exigencia hecha a una de sus asesoras para que le entregara una parte de los ingresos que devengaba, en su momento, como empleada del Congreso de la República.
Por estos mismos hechos, el pasado 18 de febrero, el Consejo de Estado negó una demanda que pedía la pérdida de investidura del dirigente político.
“La Sala negará las súplicas de la demanda por cuanto no se demostró el tercer ingrediente de la causal de la desinvestidura invocada en las demandas que dieron origen a los procesos acumulados”, señaló el máximo tribunal de lo contencioso administrativo.
“Es decir, no se probó —libre de toda duda— la indebida destinación de recursos públicos, puesto que los medios de prueba que obran en el proceso no revisten la suficiente entidad y convicción para generar la evidencia y certeza necesaria para dar probado el tipo objetivo de la causal”, enfatizó la decisión.