La seguridad es uno de los temas más críticos que vive Colombia en la actualidad. Con el deterioro de múltiples indicadores en ese frente, la expansión de los grupos armados y la explosión en los cultivos ilícitos, el país ha vivido tiempos difíciles. Superar esos problemas es una de las prioridades de los mandatarios locales y líderes regionales, que se reunieron convocados por Diálogo Interamericano.
La prestigiosa organización, basada en Washington, tiene como objetivo crear redes de cooperación y acción para promover la resiliencia democrática, la prosperidad compartida, la inclusión social y el desarrollo sostenible en las Américas. Por años, sus debates han influido en las políticas públicas del continente.
Del encuentro, que reunió a alcaldes, gobernadores, expertos en seguridad, líderes de la sociedad civil y representantes del sector privado, se publicó un completo informe, escrito por Rebecca Bill Chavez, presidenta y directora ejecutiva del Diálogo Interamericano, y Juanita Caballero, asociada de programa en el Diálogo Interamericano.
La conclusión fue la siguiente: “Cuando de la Espriella asuma el poder en agosto, su gobierno heredará una crisis de seguridad que es de alcance nacional, pero que se siente de manera más directa en los barrios, las ciudades y los departamentos. Alcaldes y gobernadores enfrentan un aumento de la delincuencia y la violencia, el reclutamiento criminal de jóvenes, altos niveles de impunidad y centros de detención hacinados. Sin embargo, muchas de las herramientas necesarias para responder siguen bajo control nacional, lo que hace indispensable la coordinación nacional-local. El reto no es solo mejorar la coordinación, sino hacerla duradera y dotarla de los recursos y la capacidad operativa que necesitan los gobiernos locales. La aplicación de la ley, la persecución penal, la detención, la rehabilitación y la prevención deben tratarse como partes conectadas de una misma estrategia, y no gestionarse de manera aislada”.
Este es el texto de uno de sus capítulos:
“La delincuencia y la violencia están entre los retos más urgentes que enfrentan América Latina y el Caribe, y Colombia no es la excepción. Tras años de avances, la situación de seguridad del país se ha deteriorado de manera pronunciada. Los homicidios están en su nivel más alto en una década, y los grupos armados se expanden más rápido que en cualquier otro momento reciente. La extorsión, el secuestro y la violencia de género forman parte de esta crisis, que moldea la gobernanza y la vida cotidiana en comunidades de todo el país.
Los gobiernos locales de Colombia están en la primera línea de la crisis de seguridad. En las ciudades y departamentos del país, los líderes subnacionales se han convertido en actores centrales. Su cercanía al territorio les da un conocimiento que el gobierno nacional rara vez tiene: qué actores criminales operan y dónde, qué barrios están más expuestos y qué jóvenes corren mayor riesgo.
Pero la cercanía no basta por sí sola. Los alcaldes y gobernadores reunidos en Bogotá fueron claros en que una estrategia de seguridad eficaz requiere coordinación con un gobierno nacional que trate la seguridad como una prioridad compartida, recursos acordes con las responsabilidades asignadas, un sistema judicial que traduzca los arrestos en consecuencias y estrategias de prevención asumidas como un compromiso central de seguridad y no como algo secundario. También fueron claros en que una política pública exitosa requiere arreglos institucionales suficientemente duraderos para sobrevivir a los cambios de gobierno.
En toda América Latina, algunos Estados han buscado avances suspendiendo el debido proceso y las libertades civiles. La premisa de este informe es distinta: la seguridad duradera depende de fortalecer las instituciones democráticas, no de eludirlas.
Este informe se basa en la conferencia del Diálogo Interamericano “Enfoques subnacionales para la seguridad en Colombia”, realizada el 27 de abril de 2026 en Bogotá, en asocio con Asocapitales, Portafolio y El Tiempo, y complementada con investigación y entrevistas de seguimiento. El encuentro reunió a alcaldes, gobernadores, expertos en seguridad, líderes de la sociedad civil y representantes del sector privado para examinar los retos de seguridad que enfrentan los líderes subnacionales en Colombia y extraer lecciones para gobiernos subnacionales de toda la región que enfrentan presiones similares.
Tras más de una década de avances en seguridad, la situación de Colombia comenzó a deteriorarse después de 2016, cuando los grupos armados se adaptaron, se fragmentaron y compitieron por el control de economías ilícitas. El deterioro se profundizó después de 2022, durante la implementación de la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro, la cual impulsó negociaciones con organizaciones criminales, facciones armadas disidentes y grupos guerrilleros de manera simultánea.
Muchos participantes de la conferencia argumentaron que los grupos armados usaron la pausa en la presión estatal para aumentar su presencia en el territorio en lugar de desmovilizarse. Sin garantías de que la ley se hiciera cumplir, ni un costo judicial por dilatar el proceso, los grupos tuvieron poco incentivo para negociar de buena fe. Algunas facciones se dividieron en unidades más pequeñas para negociar por separado, multiplicando el número de actores armados incluso mientras continuaban las conversaciones. Otras aprovecharon la pausa para extenderse a nuevos territorios, reclutar miembros y afianzar el control de las economías locales, desde la extorsión hasta el tráfico ilícito.
En 2025, Colombia vivió su año más violento desde 2016, con consecuencias humanitarias descritas como las más graves de la década. El crecimiento de los grupos armados ha sido un motor clave de la violencia. Estos grupos sumaron un estimado de 5.000 miembros en 2025, superando los 27.000 miembros a nivel nacional, un aumento de aproximadamente 24 por ciento en un solo año. Los enfrentamientos entre grupos aumentaron 34 por ciento en el mismo período, impulsados en gran medida por la intensa competencia por el territorio y las rutas del narcotráfico. Actualmente, el país tiene al menos 13 zonas de conflicto activas, casi el doble que al inicio del gobierno de Petro.
Colombia registró 14.780 homicidios en 2025, el total anual más alto en una década. Frente a 2024, el número de personas desplazadas internamente se duplicó en 2025, llegando a 70.284, y los secuestros crecieron 133 por ciento, de 279 a 651. Adicionalmente, la extorsión aumentó 37 por ciento en los últimos cuatro años.
El exviceministro de Defensa de Colombia, Aníbal Fernández de Soto, advirtió que “Colombia puede haber perdido lo que antes era un consenso nacional crítico sobre la seguridad”, una visión compartida por la representante a la Cámara Piedad Correal, de Quindío, quien lamentó la pérdida de avances logrados con esfuerzo por más de una década.
El panorama criminal ha cambiado no solo en escala, sino en carácter. Como lo planteó Jaime Pumarejo, exalcalde de Barranquilla, mundos criminales antes distintos se han fundido en uno solo: “Hoy son solo uno y son lo mismo”. Juan Cruz, exdirector Superior para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, describió el auge del “policrimen” y las “polieconomías”, organizaciones que operan simultáneamente en narcotráfico, minería ilegal y trata de personas, muchas veces con alcance transnacional.
Este panorama criminal más complejo ha surgido en un momento en que la Policía Nacional de Colombia ha perdido significativamente su capacidad operativa. Las operaciones de seguridad modernas dependen de sistemas de mando y control, análisis de datos, infraestructura de vigilancia e inteligencia criminal. Estas capacidades requieren una inversión nacional sostenida, pero se han erosionado de manera significativa durante el gobierno de Petro, y los entes territoriales no pueden financiarlas ni mantenerlas por su cuenta.
Fernando Grillo Rubiano, secretario de Gobierno de Cali, identificó los recortes a los recursos de inteligencia e investigación como una de las limitaciones más graves. El presupuesto de operaciones de la Policía Nacional cayó de 65.500 millones de pesos en 2022 a 18.000 millones de pesos en 2025. Los recursos para desarrollo tecnológico bajaron de 71.100 millones a 15.000 millones de pesos en el mismo período, y el fondo de recompensas de la Dirección de Inteligencia Policial se desplomó de más de 5.000 millones de pesos a apenas 106 millones. Funcionarios de la Policía relataron que han pagado de su propio bolsillo necesidades operativas básicas, incluidos desplazamientos, pagos a informantes, uniformes y combustible”.