Abelardo De La Espriella cerrará la paz total el 7 de agosto y los grupos armados ilegales solo tendrán dos alternativas: el sometimiento o la persecución de las Fuerzas Militares.
La oficina del comisionado para la paz, Otty Patiño, le informará a la administración entrante que avanza en procesos con las disidencias de Calarcá, los Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y con las bandas criminales de Medellín, Buenaventura y Quibdó. Ninguna logró la meta final y solo se le puso el acelerador al final del mandato con la instalación y proyección de zonas de ubicación temporal. En todo esto, se han reportado gastos por más de 100.000 millones de pesos.
De La Espriella no solo anticipó en la campaña que la paz total llegará a su final, sino que frenará todos los beneficios que Petro les autorizó a los combatientes, como la suspensión de las órdenes de captura a través de la Fiscalía. A hoy, los salvoconductos se mantienen de esta manera: las disidencias de las Farc (34 suspensiones), la Segunda Marquetalia (10 suspensiones), el Clan del Golfo (3 suspensiones) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (suspensiones hasta el 7 de noviembre de 2026).
El mensaje fue reiterado en la primera declaración pública como presidente electo certificado por el Consejo Nacional Electoral (CNE): “Disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables”.
¿Cuál es el camino?
El nuevo Gobierno apuntará al sometimiento. Para ello, se propondrá tomar el control del orden público y presionar a los ilegales hasta que se presenten ante la justicia. El sometimiento no les otorga estatus político a las organizaciones criminales y sus integrantes, de manera individual, deben cumplir con penas efectivas de cárcel, confesar los delitos y reparar a las víctimas.
De acuerdo con las cifras suministradas por el Ministerio de Defensa, desde 2020 se mide el sometimiento en Colombia. Entre esa fecha y la actualidad, 2.530 personas han usado esta ruta para reintegrarse a la sociedad así: 2026 (149), 2025 (426), 2024 (615), 2023 (487), 2022 (455), 2021 (364) y 2020 (34). Con esos números, el Gobierno Petro es el que más sometimientos ha logrado.
No obstante, los grupos armados ilegales actuales no estuvieron dispuestos a someterse en bloque en los últimos cuatro años y reclamaron un estatus político para que sus integrantes no terminaran en la cárcel, pese a que no cometen delitos políticos y su dependencia es total del narcotráfico.
Juan Camilo Restrepo Gómez, excomisionado de paz, explicó que el sometimiento es posible, pero que el nuevo Gobierno deberá tramitarlo a través del Congreso: “Sería muy bueno tener la figura del acogimiento por parte de los grupos delictivos y donde se tenga un marco en el que ese acogimiento pueda ser colectivo”.
La misma lectura tiene Miguel Ceballos, quien también ocupó el cargo de comisionado en la era de Iván Duque: “Se debe avanzar en un esquema de sometimiento colectivo, pero no hay que olvidar que jurídicamente el sometimiento es individual porque el derecho penal está basado en la responsabilidad individual y no colectiva”. Además, sugirió pasar la Consejería del Comisionado para la Paz al Ministerio de Justicia ante las polémicas e implicaciones que la rodearon durante el Gobierno Petro.
Pese a esto, el Pacto Histórico se opondrá al desmonte de la paz total. Isabel Cristina Zuleta, encargada de la negociación del Gobierno con las bandas de Medellín, informó que se insistirá en mantener el proceso: “Jamás daría por terminado un espacio que ha salvado vidas. Si lo va a hacer el nuevo Gobierno, que lo haga. Esta delegación hará el informe y estará lista para el empalme”.