Por considerar que existe una “enemistad clara”, la defensa de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Lilina Ortiz Nova, presentó una recusación en contra de la jueza especializada de Bogotá para que se aleje del conocimiento del caso.
Esto por considerar que no se le ha brindado las garantías procesales en el desarrollo de la etapa de juicio en el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
“Al generar estas tensiones, que no son de poca monta (...), ustedes vieron la forma en que se constriñó a Sandra Ortiz hasta el punto de llevarla a las lágrimas. Hasta el punto de exclamar, en su angustia y en el sometimiento de esa violencia moral, y cito, ‘si quiere condéneme de una vez’”, indicó el abogado Mauricio Camacho.
En este sentido, señaló que su cliente ha sido “constreñida” hasta el punto que ha llorado en plena audiencia para exigir que se le brinden las mínimas garantías para enfrentar la acusación de la Fiscalía.
“Para que una persona se dirija así a un juez, en esa situación, es porque lo que está padeciendo en el punto de su estructura como ser humano está siendo casi que humillada ante un escenario”, añadió.
La Fiscalía General acusó a la exfuncionaria por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. En el documento se menciona que en octubre de 2023, la entonces consejera presidencial para las regiones recibió y dio instrucciones precisas para el pago de millonarios sobornos a los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
El movimiento de este dinero, que rozaba los cuatro mil millones de pesos, tenía como objetivo la compra de conciencia de los presidentes del Senado y Cámara de Representantes con el fin que le dieran celeridad a la convocatoria de sesiones para que se votaran favorablemente los proyectos en los cuales tenía interés el Gobierno Petro.
Para el movimiento de este dinero, se habrían utilizado las camionetas blindadas que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le había dado a la consejera presidencial para temas de seguridad.
En este punto se le dio plena validez a la declaración rendida por el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla -quien actualmente cuenta con un principio de oportunidad- cuando dijo que él mismo se había reunido con Sandra Ortiz en Residencias Tequendama para recibir el dinero y movilizarlo en las camionetas blindadas.
Pinilla aseveró que él llevó tres mil millones de pesos -en dos tandas- para entregárselos al presidente del Senado, Iván Name, quien vivía en un exclusivo sector en el nororiente de Bogotá, muy cerca del centro comercial Unicentro.
Igualmente, la entonces funcionaria le habría proporcionado las maletas en las que se ingresaron mil millones de pesos en efectivo, los cuales le fueron entregados al presidente de la Cámara, Andrés Calle, quien se encontraba en ese momento en Montería (Córdoba).
La exconsejera presidencial para las regiones se encuentra privada de su libertad en una guarnición militar de Bogotá desde el 18 de diciembre de 2024.