La Defensoría del Pueblo ha lanzado una advertencia sobre el posible desplazamiento de las comunidades de Bocas de Manso, lugar donde hace unas semanas se presentaron confusos hechos en los que la comunidad señaló al propio Ejército Nacional de intimidar a la población civil.

Según la entidad, los pobladores de esta vereda y de algunas zonas aledañas, han manifestado que debido a la falta de atención del estado, podrían desplazarse hacia el municipio de Tierralta, en el departamento del Córdoba.

“Habitantes de las veredas Crucito, Bocas de Cruz Grande, San Pablo, Gilgal, Tucú, Ballenas, Sancón, Gloria 1, Gloria 2, Llanos del Tigre y Palestina, establecidas desde hace varios días en Bocas del Manso, dicen que continúan temerosos de una situación como la ocurrida recientemente. Según lo dado a conocer por los lugareños, fue aumentado el número de militares en la zona desde el 21 de septiembre”, indicó la Defensoría del Pueblo.

El Ejército no ha explicado quién fue el militar que ordenó que llevarán prendas no oficiales para hacerse pasar como disidentes de las Farc en Tierralta, Córdoba. | Foto: SEMANA

El propio Carlos Camargo, defensor del pueblo, dijo que las comunidades planean un “desplazamiento masivo” hacia dicho municipio con el fin de llamar la atención del Estado, de quien reclaman solución a sus peticiones. Debido a esto, desde la entidad han solicitado al Gobierno atender los reclamos de estas comunidades.

“Lo que nos han manifestado las distintas comunidades es que harán un desplazamiento masivo para que sus peticiones sean atendidas por la institucionalidad. En consecuencia, llamamos al Gobierno nacional, al departamental y al municipal para que actúen en beneficio de las familias. Es obligación del Estado atender sus reclamos y buscar las soluciones”, dijo Camargo.

Helder Fernán Giraldo Bonilla, comandante de las Fuerzas Militares, envió un enérgico mensaje con instrucciones para que no se repitan hechos desafortunados como los de Tierralta, Córdoba, y Cumbitara, Nariño. | Foto: Suministrada - Semana

¿Qué pide la comunidad?

Según señaló la propia Defensoría, la comunidad viene reclamando atención para poder entregar sus declaraciones sobre lo que pasó aquel 11 de septiembre y así, de esta manera, también puedan ser escuchados por la Unidad de Víctimas para que recoja su caso y les dé una solución.

“Una las solicitudes de los pobladores rurales, está relacionada con la toma de declaraciones, por lo cual la Defensoría del Pueblo insta a la Personería municipal a realizarla sobre la base de lo establecido en la Ley 1448 del 2011 y expresa su disposición para apoyar la realización de la misma. Una vez sea tomada, insta a la Unidad de Víctimas a realizar la valoración de los hechos narrados”, explicó la Defensoría.

La alerta elevada por la entidad va más allá, pues señala que de darse el desplazamiento, se podría dar pie a una “crisis humanitaria”, por lo que su llamado no solo es a una atención oportuna del Estado, sino a que la Alcaldía de Tierralta esté preparada para recibir a las comunidades que planean movilizarse de forma masiva.

“Esperamos que la respuesta institucional se dé prontamente para que las comunidades rurales no se desplacen; sin embargo, le solicitamos a la Alcaldía de Tierralta activar un plan de contingencia cuyo fin sea garantizar los mínimos vitales. A la Gobernación y la Unidad de Víctimas, activar el mecanismo de corresponsabilidad para un eventual apoyo subsidiario”, agregó Camargo.

Ejército intimidó, amenazó, insultó y encañonó a los pobladores en Tierralta, Córdoba; la Procuraduría abrió investigación. | Foto: Captura de video.

Dentro de la petición hecha por el defensor del pueblo, también insta a entidades como el Bienestar Familiar, a la Secretaría de Salud del Municipio y al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv), a atender una posible crisis humanitaria en la que estarían involucrados menores de edad.

“A la Secretaría de Salud del departamento le solicitamos estar preparadas para atender hechos que puedan afectar a la población de Boca del Manso y de las demás veredas derivados de las dinámicas propias de un desplazamiento masivo. Como Defensoría del Pueblo continuamos acompañando a las familias afectadas y seguimos atentos para articular nuestra labor con las entidades competentes. Porque los derechos humanos de las comunidades deben ser garantizados por todo el aparato estatal”, concluyó Camargo.