La Defensoría del Pueblo reveló un preocupante panorama de orden público en Buenaventura, Valle del Cauca, con el aumento de homicidio y violencia armada, pues tan solo entre febrero y marzo de este año, se han registrado por lo menos 23 asesinatos, entre los que se destacan jóvenes entre los 17 y 30 años.
La escalada violenta se estaría presentando en medio de disputas entre grupos armados organizados que pretenden expandir sus tentáculos criminales con control territorial y hechos que vulneran los derechos humanos de quienes viven en ese Distrito.
Frente a esta compleja situación, la entidad expuso: “Esto evidencia el incumplimiento de los compromisos de desescalamiento de la violencia y la insuficiencia de la respuesta estatal”.
Lo más grave del asunto es que la Defensoría evidenció una expansión de las disputas territoriales en varias comunas de la zonas, particularmente en sectores como San Francisco, San Luis, juan XXIII y sectores de la comuna 12.
La información preliminar indica que el aumento de los homicidios y la ola de violencia por la que atraviesa uno de los municipios más importantes de Buenaventura, tendría relación con la captura de integrantes de grupos armados ilegales y procesos de reconfiguración interna que terminan en disputas por el control territorial y ajustes de cuentas.
Pero Buenaventura también estaría viviendo una consolidación de las populares ‘fronteras invisibles’ que se han desatado por el control de economías ilícitas como el microtráfico, lo que ha provocado restricciones a la movilidad y confinamiento de quienes habitan en esas zonas afectadas.
“Se evidencia una afectación a jóvenes hombres que se relacionan con patrones de reclutamiento, instrumentalización o señalamiento en medio de las disputas territoriales. Además, se ha documentado al menos un caso de reclutamiento de una menor de edad y la aprehensión de otro presuntamente vinculado a estructuras armadas", informó la Defensoría.
La violencia en Buenaventura también habría ocasionado tres casos de personas desaparecidas, un fenómeno que, según la entidad, opera de forma paralela con delitos como el homicidio. Lo delicado es que la falta de información y las dificultades en los procesos de búsqueda afectan a las familias que esperan a sus seres queridos.
Los crímenes y la difícil situación de orden público en ese municipio del Valle del Cauca ha golpeado los entornos escolares por las extorsiones a comerciantes y transportadores, también ha dejado secuestros y enfrentamientos entre grupos armados, además de una afectación directa a organizaciones sociales y a quienes habitan en la región.
La Defensoría del Pueblo advirtió en la comunicación: “La respuesta del Estado no ha sido suficiente frente a las dinámicas de control territorial de los actores armados organizados. La persistencia de homicidios, desapariciones, reclutamiento de menores de edad y otras conductas asociadas reflejan la necesidad de ajustar las acciones institucionales y fortalecer su alcance en el territorio”.
Por eso, le jaló las orejas al Gobierno del presidente Gustavo Petro, a las Gobernaciones y a las Alcaldías para que pongan en marcha un plan que permita intervenir en seguridad, justicia y oferta social, para reducir los riesgos de la población y proteger el ejercicio pleno de sus derechos.