La Defensoría del Pueblo reveló un nuevo balance sobre la movilidad humana en Colombia que evidencia la persistencia de la crisis derivada del conflicto armado. Según el más reciente boletín de la entidad, durante el primer semestre de 2026 se registraron 83 eventos de desplazamiento forzado masivo, que dejaron 15.960 personas afectadas, mientras que 44 eventos de confinamiento restringieron la movilidad de 64.787 habitantes en diferentes regiones del país.
El informe señala que los departamentos con mayor número de personas desplazadas fueron Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia y Magdalena. En materia de confinamiento, las mayores afectaciones se concentraron en Putumayo, Caquetá, Chocó y Cauca, territorios donde la presencia y disputa entre grupos armados continúa limitando el acceso de las comunidades a alimentos, servicios de salud, educación y ayuda humanitaria.
Solo durante junio, la Defensoría documentó 12 eventos de desplazamiento forzado, que impactaron a 2.742 personas, así como seis eventos de confinamiento, con 3.190 afectados. En el mapa presentado por la entidad aparecen municipios como Remedios, Tarazá y Zaragoza (Antioquia); Argelia y Suárez (Cauca); Puerto Caicedo (Putumayo); Linares y Los Andes (Nariño), y Sardinata y Tibú (Norte de Santander) entre los más golpeados durante ese mes.
La Defensoría advirtió que estas dinámicas continúan golpeando especialmente a comunidades indígenas y afrodescendientes, cuya vulnerabilidad aumenta por las restricciones de movilidad, el control territorial ejercido por actores armados y las dificultades para recibir atención estatal. La entidad hizo un llamado a fortalecer la respuesta institucional para prevenir nuevos hechos y garantizar protección efectiva a las poblaciones en riesgo.
Un estudio revela el impacto de la desaparición forzada
Además del balance sobre desplazamiento y confinamiento, la Defensoría presentó los resultados preliminares de la investigación “Impactos transgeneracionales y estrategias de afrontamiento de familias y comunidades víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado”, desarrollada junto con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y Uniminuto.
El estudio concluye que la desaparición forzada deja secuelas que trascienden generaciones, entre ellas el deterioro de los proyectos de vida, el aumento de las condiciones de pobreza, la pérdida de identidades familiares y comunitarias y la necesidad de un acompañamiento institucional sostenido.
No obstante, también identificó procesos de resistencia como la creación de redes de apoyo, el fortalecimiento de liderazgos comunitarios y la reconstrucción de vínculos entre las víctimas. La investigación se centró en los municipios de Soacha (Cundinamarca), Pasto y Tumaco (Nariño).
Como parte de ese trabajo, la Defensoría recordó que, de acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), 136.010 personas continúan desaparecidas en hechos relacionados con el conflicto armado ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016, mientras que 52.636 personas permanecen buscando a sus familiares desaparecidos.