La Alcaldía de Bogotá puso en marcha la socialización de un nuevo protocolo que deberán cumplir más de 10.000 vendedores informales vinculados a la ruta de formalización del Distrito.
La medida establece las reglas para el aprovechamiento económico del espacio público y define el procedimiento que deberán seguir las entidades distritales antes de realizar cualquier intervención sobre las personas que desarrollan actividades comerciales en las calles de la capital.
Así funcionará el nuevo protocolo del espacio público
El protocolo hace parte de la implementación del Decreto 117 de 2026, expedido por la administración distrital para organizar, recuperar y preservar el espacio público. Busca garantizar el derecho al trabajo de los vendedores informales mediante procesos de acompañamiento y alternativas económicas.
La norma modificó el Decreto Distrital 642 de 2025 y establece un marco jurídico para equilibrar el uso colectivo del espacio público con las actividades de la economía popular.
La estrategia es liderada por el Instituto para la Economía Social (IPES), que inició la divulgación de los protocolos entre los vendedores y las entidades distritales.
Según la entidad, el objetivo es ofrecer reglas claras sobre las autorizaciones para desarrollar actividades económicas en el espacio público, las responsabilidades tanto de las autoridades como de quienes cuentan con permisos y el procedimiento que debe aplicarse cuando se presenten ocupaciones que incumplan la normatividad.
Las intervenciones a los vendedores ambulantes
Uno de los principales cambios consiste en que las intervenciones deberán priorizar el acompañamiento social antes de cualquier actuación policiva.
Para ello, el protocolo contempla una ruta que comienza con la identificación y caracterización de los vendedores presentes en la zona y continúa con la oferta institucional, que puede incluir procesos de relocalización, formación y acceso a programas del Distrito.
Si las medidas anteriores no prosperan o existe una ocupación indebida flagrante, el protocolo permite la intervención de la Policía, garantizando el debido proceso. Los lineamientos también precisan cuáles son los espacios que no podrán ser ocupados bajo ninguna circunstancia por razones de seguridad y movilidad.
Entre ellos se encuentran los hidrantes, las rutas de evacuación, los accesos peatonales, la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y otros elementos considerados esenciales para la atención de emergencias y el tránsito seguro de los ciudadanos.
De acuerdo con el IPES, Bogotá tiene caracterizados 95.040 vendedores informales, de los cuales más de la mitad son mujeres y cerca del 33 % corresponde a personas mayores de 60 años, población para la que esta actividad representa su principal fuente de ingresos.
En paralelo, la Alcaldía impulsa una ruta de formalización dirigida, inicialmente, a más de 10.000 vendedores mediante capacitaciones, asesorías empresariales y alternativas económicas que buscan reducir la dependencia de la ocupación informal del espacio público.
La directora del IPES, Catalina Arciniegas, señaló que los nuevos protocolos buscan “realizar un acompañamiento integral a los vendedores y vendedoras informales, garantizar su disfrute para toda la ciudadanía y ofrecer reglas claras (...)”.
Con esta estrategia, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán busca avanzar en la organización del espacio público mediante un modelo que combine control, oferta institucional y formalización.
La medida hace parte del debate histórico entre el derecho al trabajo de miles de vendedores informales y la necesidad de garantizar la movilidad, la seguridad y el disfrute del espacio público por parte de toda la ciudadanía.