SEMANA conoció en primicia que al Consejo de Estado ya llegó la primera demanda contra el Decreto 0765 de 2026 que expidió el Gobierno Petro y que, según la senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, pondría en riesgo la propiedad privada en Colombia.
Un ciudadano identificado como Andrés Alberto Ávila Ávila interpuso la demanda contra los ministerios de Hacienda, Justicia y Agricultura, advirtiendo que ese decreto autorizó a la Agencia Nacional de Tierras para que disponga de la cancelación de limitaciones, gravámenes, afectaciones y medidas cautelares —incluso algunos de origen judicial— que se encuentren inscritos en el folio de matrícula inmobiliaria.
El recurso también llegó con una solicitud de nulidad inmediata sobre los efectos del decreto expedido por el Gobierno, argumentando que lo dispuesto habría excedido la potestad que tiene el Ejecutivo para crear facultades que el Congreso no habría autorizado para acelerar la transferencia de tierras destinadas a la reforma agraria.
“El decreto se expidió en el tramo final del período de Gobierno, tras una consulta pública de apenas seis días, y sus piezas están diseñadas para producir efectos inmediatos e irreversibles: posesión sin entrega, cancelación de cautelas en un turno, folios nuevos sin memoria registral de las cargas, inscripciones anticipadas sobre simple promesa y un código registral que debe existir diez días después de la firma”, indicó el documento.
La demanda llegó a la Sección Primera del Consejo de Estado luego de que la exsenadora Valencia alertara que ese acto administrativo le dio de “forma peligrosa” más potestades a la Agencia Nacional de Tierras sobre esos procedimientos.
“De forma peligrosa las facultades de la ley: le permite a la ANT cancelar gravámenes, tomar ‘posesión inmediata’ de predios en el papel sin entrega física y producir efectos registrales con una simple promesa de compraventa. Esto no es reglamentar la ley; es modificar el Estatuto Registral por decreto y saltarse a jueces y registradores”, indicó la integrante del Centro Democrático.
Los magistrados de la Sección Primera entrarán a revisar en los próximos días esta nueva demanda que llega contra las iniciativas del Gobierno Petro, el cual finaliza el próximo 7 de agosto, para definir si se admite y se estudian de fondo los argumentos que tendrían en jaque dicho decreto.