“Conforme a la hoja de vida publicada en el portal de aspirantes, el señor Gustavo Bolívar no certifica, conforme a los estudios y experiencia con que cuenta, reunir los conocimientos básicos o esenciales”. Bajo esta premisa se radicó una demanda ante la Sección Quinta del Consejo de Estado en contra del nombramiento hecho el pasado 5 de marzo por parte del presidente Gustavo Petro que le otorgó al exsenador la responsabilidad de dirigir el Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Para el demandante, Bolívar -una de las personas más cercanas al presidente Petro- recibió esa designación por esa cercanía y no por sus capacidades o experiencia en el sector, pese a la importancia, los recursos económicos y proyectos que maneja el Departamento, entre las que se encuentran la creación y puesta en marcha de políticas públicas para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de territorios, la atención y reparación a víctimas de la violencia, la atención a grupos vulnerables, población discapacitada y la reintegración social y económica.
“Se ha podido evidenciar que el nombramiento se efectuó sin que el nombrado reuniera los conocimientos y competencias que la Constitución, la ley, los reglamentos y el manual de funciones y de competencias laborales exijan para el desempeño del cargo y se vulneró, de igual forma, el principio de igualdad y se ha configurado una manifiesta desviación de poder por parte del Gobierno Nacional en cabeza del presidente de la República, que es quien tiene la facultad para designar a los directores de los Departamentos Administrativos”, advierte el demandante.
Teniendo en cuenta la hoja de vida que se montó al sistema se ve que Gustavo Bolívar tiene solamente cinco años de experiencia en el sector público, haciendo mención al tiempo en el que estuvo en el Senado. En 2018, pocos meses después de su elección, renunció para aspirar a la Alcaldía de Bogotá.
Igualmente, se señala que no es clara la formación profesional de Bolívar, quien inició estudios de comunicación social. En el documento, que es público, el director del DPS manifiesta que tiene un manejo “regular” del idioma inglés, pues marco la casilla “R” al indicar si “lo habla, lo escribe, lo lee”.
“La desviación de poder se ha manifestado en la defensa que el demandado ha hecho parte del proyecto político que llevó al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a llegar a ser la suprema autoridad administrativa del país y, como recompensa, lo nombra como director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social sin reunir los conocimientos básicos y esenciales”, se cuestiona el demandante.
El despacho de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, que por reparto le llegó el expediente, deberá definir, primero que todo, si la demanda cumple o no con los requisitos de forma y fondo.
Bolívar llegó al cargo en medio de un remezón de los departamentos administrativos. Fue así como el presidente Petro designó a Laura Sarabia, quien estaba en el DPS, como nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia; Carlos Carrillo, como nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNRD), y Alexander López Maya a la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP).