El carrusel del Congreso: estos son los detalles desconocidos del expediente que involucra a seis senadores con un millonario desfalco a Prosperidad Social

Seis congresistas de diferentes partidos y regiones protagonizan el más reciente escándalo por supuesta corrupción política. SEMANA accedió a los explosivos detalles del expediente que, según la Fiscalía, dejan en evidencia cómo se habría configurado una sofisticada red para saquear al Departamento de Prosperidad Social (DPS). Los implicados son los senadores Ciro Ramírez (ya en prisión), Carlos Fernando Motoa, Juan Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez, Juan Felipe Lemos Uribe y Miguel Ángel Barreto. En las últimas horas fue emitida una circular roja contra el exdirector encargado de esa entidad, Pierre Eugenio García Jacquier. También está involucrado el excandidato a la Cámara Julio César García.

Los seis senadores y sus cómplices formarían parte de una poderosa organización criminal dedicada a ‘cazar’ millonarios contratos entregados a dedo. En algunos casos, de manera indignante, las obras no se construyeron y quedaron inconclusas. La sed de dinero era incalculable, según el material probatorio en poder de los investigadores. Se trata de un nuevo capítulo del expediente de corrupción conocido como ‘las Marionetas’, bautizado así en referencia al excongresista liberal Mario Alberto Castaño, fallecido en La Picota, quien durante años manejó a su antojo la contratación en Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Risaralda y Valle del Cauca.

Durante seis meses, un curtido grupo de investigadores de la Fiscalía se dedicó a la minuciosa tarea de recaudar pruebas documentales y testimoniales que demostrarían cómo estos congresistas y el excandidato se habrían distribuido la celebración de contratos, principalmente de infraestructura y vivienda social. En su gran mayoría, las obras están inconclusas, presentan sobrecostos y graves fallas estructurales. Todo está manchado por la más rampante corrupción.

SEMANA destapa cómo operó este presunto carrusel de contratación que se montó en el Congreso, en el cual cada congresista habría actuado por separado para sacar tajada de millonarios negocios con obras públicas. En este entramado aparece el nombre de García Jacquier, un administrador de empresas de 40 años, con una larga trayectoria política, quien en 2018 fue designado director encargado del DPS. En su despacho se manejaron grandes sumas de dinero para, supuestamente, buscar la prosperidad en Colombia, algo que quedó en un segundo plano.

De acuerdo con la investigación, su oficina en el DPS era constantemente visitada por los senadores para “cuadrar” la entrega a dedo de los millonarios contratos. García Jacquier, según el expediente, daba el visto bueno y decía qué congresista tenía que ser el beneficiario. Así se habría creado una red que presuntamente se quedó con la contratación.

El modus operandi parece clonado del que puso en marcha en su momento Mario Castaño y fue descrito esta semana con claridad por la fiscal 94 de la Unidad Anticorrupción, en la audiencia de imputación de cargos contra García Jacquier. “Cada senador contó con un subgrupo de operaciones para obtener esos beneficios ilícitos en la contratación estatal”.

La fiscal fue contundente al describir lo que encontró: “No se buscó satisfacer ese bienestar general, lo que se buscó fue satisfacer los intereses particulares de los respectivos senadores de la república”. La funcionaria pidió medida de aseguramiento en centro carcelario contra García Jacquier, cuyo paradero es un misterio. El exfuncionario mintió sobre su lugar de residencia, lo único que se sabe es que en junio pasado salió de Colombia y en Migración no hay registro de su regreso.

Así operaban

El expediente revela que un primer grupo de congresistas estaría vinculado directamente con Castaño. “El primer grupo de senadores es el de Mario Alberto Castaño, líder de esta organización delincuencial denominada ‘Marionetas’ y formarían parte, al parecer, de esos beneficios recibidos por la gestión de esos recursos de un contrato interadministrativo de 2021 por un valor de 22.000 millones de pesos, en el que se vieron beneficiados Juan Samy Merheg (Partido Conservador), Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) y Juan Felipe Lemos (La U)”.

En el segundo grupo aparecen Ciro Ramírez (Centro Democrático), Miguel Ángel Barreto (Partido Conservador) y Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical). Según los investigadores, cada uno tenía a su “mano derecha” en las entidades en las que estaban interesados en mover la contratación. De esa manera, obtenían información privilegiada. La finalidad, explica la Fiscalía, no consistía solamente en obtener ingresos, sino aumentar el poder político en las regiones. Y es que el arsenal de pruebas deja ver cómo se “instrumentalizó” el DPS y se puso al servicio de los congresistas, argumentó la fiscal del caso.

“No se trata de un tema político, en absoluto, pese a que la concertación tiene un propósito político, porque independientemente de temas de partidos, obsérvese que lo que se reprocha es esa capacidad que tiene una persona como García Jacquier de enlaces y relacionamiento”, dijo la funcionaria en la audiencia.

Con la entrega en bandeja de plata de esos contratos, según la Fiscalía, García Jacquier quería engranar su maquinaria política de cara a una candidatura a la Gobernación del Tolima en 2023. Para eso, según la investigación, se rodeó de poderosos senadores y contratistas que, como contraprestación, podrían darle un empujón a sus aspiraciones electorales.

En hojas de cuaderno

Antes de ser director encargado de la entidad, García Jacquier fungió como subdirector de Programas y Protección del DPS. Eso le permitió, sin problema, según el expediente, direccionar los contratos en los cuales los senadores tenían puestos sus intereses.

“Se interesó en provecho propio de terceros, esto es, de los senadores Ciro Ramírez, Carlos Fernando Motoa, Miguel Ángel Barreto; así como el candidato a la Cámara de Representantes Julio César García y el exgerente de Proyecta Quindío, Pablo César Herrera, de manera indebida”, señaló la fiscal, con contundencia.

La Fiscalía aseguró tener horas de grabaciones como prueba, recaudadas durante tres meses, en las que se escucha a García comprometerse con los congresistas a crear unas “bolsas de recursos”. Para evitar cualquier registro, el director del DPS les prohibía a sus invitados ingresar a su oficina con los teléfonos celulares.

“No hablaban, se comunicaban escribiendo en hojas de cuaderno que inmediatamente botaban”, explicó la Fiscalía, al explicar cómo se sellaban los acuerdos en la oficina de García Jacquier.

Asimismo, en esas reuniones se habría definido el modus operandi para darle apariencia de legalidad a la repartija de los contratos. Por esa razón, cada grupo de senadores iba a contactar a sus personas de confianza para que “pusieran la mira” en los convenios de su interés.

Posteriormente, se contactaba a los contratistas y empresarios que iban a presentar las propuestas para proyectos que iban desde la edificación de plazas de mercado y la realización de vías en placa huella, hasta la construcción de viviendas y carreteras.

En la presentación del complejo organigrama criminal, la Fiscalía advirtió: “Ciro Alejandro Ramírez Cortés tendría como enlace para la comisión de esas presuntas conductas ilícitas una funcionaria de su UTL, Katherine Rivera Bohórquez, quien también enfrenta un proceso penal. En segundo lugar, Miguel Ángel Barreto, cuyo enlace sería Óscar Humberto Leyton Carrillo, y, finalmente, Carlos Motoa, cuyo enlace era Giancarlos Torino”.

De acuerdo con la investigación, todos los enlaces tenían línea directa con García Jacquier, como lo muestran chats de WhatsApp en los que se fijaban reuniones en las instalaciones del DPS, en el centro de Bogotá, así como en inmediaciones de la Casa de Nariño. “Cada senador contó con un subgrupo de operaciones para así tener estos beneficios ilícitos en la contratación estatal”, dijo la fiscal a cargo del caso.

La evidencia demuestra que cada uno de estos enlaces se vio directamente beneficiado con los contratos. Pero la sed del dinero, al parecer, no habría terminado ahí. El testigo principal en esta nueva fase de ‘las Marionetas’ es Pablo César Herrera Correa, entonces gerente de Proyecta Quindío.

Él fue claro en señalar que, en una oportunidad, “Pierre Eugenio García Jacquier lo consultó junto con Ciro Ramírez para establecer si era viable que de las obras les dieran el 10 por ciento, para efectos de las respectivas dádivas que debían pagar los futuros contratistas. Presuntamente, recibió, junto con el senador Ciro Ramírez, la suma de 1.000 millones de pesos”, se determinó en la investigación.

Para intentar desviar la atención, la red simulaba que en los procesos había varias firmas interesadas. Sin embargo, eran ternas de uno, pues en el camino dos consorcios se “suicidaban”, según las palabras de la misma fiscal anticorrupción. De esa manera, se entregaban los contratos.

La investigación determinó que se trató de un gana-gana por donde se le mire, y que no levantaba sospechas, pues los procesos eran vigilados, supuestamente, por el mismo García Jacquier. Entre sus múltiples ocupaciones, aparecía como el líder de la implementación y seguimiento de las políticas, planes y proyectos de infraestructura social de los programas a cargo del DPS.

Botín millonario

Los datos de los montos muestran la magnitud de los negociados. Por ejemplo, según la Fiscalía, se entregaron a dedo los contratos 501 de 2021, que tenía un valor de 22.000 millones de pesos, y el 670 de 2021, por 49.000 millones de pesos, a los dos grupos de senadores previamente conformados. Así se lo contó a la Fiscalía Paulo César Herrera Correa, hoy en la cárcel y en proceso de colaboración con la justicia.

El contrato 501 de 2021 tenía como objeto la adecuación y construcción de obras terciarias en Quindío y Risaralda. Con la información entregada, un agente de Policía Judicial realizó un detallado organigrama. “En la cabeza de la organización se identificó a senadores de las comisiones Tercera, Cuarta, Sexta y Séptima del Senado, entre ellos Mario Alberto Castaño, Juan Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez y Juan Felipe Lemos”.

Por su parte, el contrato 670 de 2021 tenía como finalidad la construcción y adecuación de obras terciarias en Antioquia, Chocó y Valle del Cauca. “Aparece en la cabeza del organigrama Ciro Alejandro Ramírez Cortés, seguido de Miguel Ángel Barreto Castillo, Carlos Fernando Motoa, como socios y determinadores, y Julio César García, candidato a la Cámara no electo”, explicó la fiscal.

Para cuadrar ambos negocios se puso en marcha una estrategia aparentemente “lícita” como fue abrir, desde el DPS, una convocatoria con un banco de proyectos de infraestructura social y de hábitat. Con esta figura legal, el DPS tenía el camino libre para otorgar los recursos a la respectiva entidad territorial.

“Los proyectos eran presentados por entidades territoriales, como alcaldías y gobernaciones”, que se encargaban de abrir los procesos, dijo la fiscal. Sin embargo, para evitar cualquier inconveniente, el DPS contactó a Proyecta Quindío, una empresa industrial y comercial del Estado con un régimen exceptuado. Eso permitía fácilmente, y con el aval de la ley, entregar los contratos de manera discrecional y así se decidía quién cumplía con los requisitos y quién era el beneficiado.

“La obra no se contrató mediante licitaciones públicas y la interventoría no se hizo mediante concurso de méritos. Fue así como se garantizó que en esos procesos de contratación, por parte de la organización criminal, se siguieran las instrucciones de los senadores, con lo cual, en últimas, se beneficiaron esos intereses particulares”, resaltó la fiscal, quien anticipó que destapará todas las pruebas durante el juicio.

Debido a la forma como se entregaron los contratos, los empresarios beneficiados incrementaron su patrimonio económico y dejaron las importantes obras de infraestructura y desarrollo en el olvido. Prueba de ello es el contrato 670 de 2021. Tres años después de su entrega, los avances son nulos; “49.000 millones de pesos y solamente se ejecutó el 0,27 por ciento, esto refiere la gravedad de la comisión de la conducta y las graves repercusiones que tiene el actuar para la comunidad del Valle del Cauca, Quindío y Tolima, pues sí existían necesidades de construcción de infraestructura vial. No se escogió al mejor, sino al señalado por el congresista”, reveló la fiscal.

De acuerdo con el expediente, por orden del senador Barreto se designaron contratos de asesoría, consultoría e interventoría en Melgar, Mariquita, Villarrica, Piedras y Purificación, en el Tolima, a sus empresarios y amigos de confianza. En los documentos oficiales se deja en evidencia cómo Óscar Humberto Leyton, el “enlace” del congresista, recibió jugosos contratos para empresas en las que aparecía como el representante legal.

En los contratos 670 de 2022 y 077 de 2022, “Pierre (el exdirector del DPS) le referenció a Pablo César que el dueño de ese contrato era un representante a la Cámara de nombre Milton”. Se trata de un nuevo nombre, al parecer plenamente identificado por las autoridades, pero que no fue ventilado para no entorpecer la investigación.

Igualmente, el senador Carlos Fernando Motoa fue señalado por dos testigos de ser el “propietario” de obra de los contratos 009 de 2022 y de consultoría 019 de 2022 en La Unión (Antioquia). Para esto, el entonces gerente de Proyecta Quindío se habría contactado con el emisario del congresista en diciembre de 2021.

En ese encuentro, “se refirió que al senador Motoa le correspondían los contratos que se efectuaran en Andalucía, en el Valle del Cauca. Sin embargo, este municipio fue declarado como ‘no pertinente’ y no se llevó a cabo ese respectivo contrato”.

Esto, al parecer, no frustró sus aspiraciones y continuó buscando otros contratos que lo beneficiaran política y electoralmente. Fue de esta forma que, por medio de su enlace, tocó nuevamente las puertas de Proyecta Quindío para que le entregaran convenios en el Tolima.

“Los propósitos de la organización criminal eran no solamente direccionar la contratación estatal, sino que tenían como finalidad el crecimiento del caudal político de los senadores en las regiones, y esa presunta retribución económica que se daba como consecución de esos recursos”, enfatizó la fiscal.

Recursos para la paz

La Fiscalía cuenta con cientos de mensajes de WhatsApp en los que el senador Ramírez, entre septiembre y diciembre de 2021, habría evidenciado su interés en la entrega de los contratos. Para eso, fue consultado varias veces por su “enlace” sobre las reuniones con Alejandro Noreña, mano derecha del congresista Castaño, así como con García Jacquier y sus funcionarios.

El testigo clave en este expediente dijo que perdió la cuenta del número de reuniones que sostuvo con Ramírez y García en las oficinas del DPS. Lo que sí recuerda es que en todas se hacía mención al interés del senador de aumentar su caudal electoral y poder político en el Eje Cafetero, principalmente en Caldas.

“En ese ejercicio de las reuniones con García Jacquier y Ciro Ramírez se comenzó a hablar de una bolsa para una gerencia integral que cumpliera con las zonas de influencia del senador, que eran Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima y Valle del Cauca”, relató el testigo en uno de sus interrogatorios.

Debido a la insistencia y compromiso, García Jacquier decidió apoyar las pretensiones de Ciro Ramírez mediante la entrega de contratos cuyos recursos eran “provenientes del fondo de inversión para la paz del DPS”, según los investigadores.

Fue así como se contactó al director de Proyecta Quindío para que le diera su visto bueno a la entrega de contratos en el Eje Cafetero, los cuales tenían, en el papel, “como propósito aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la conciliación de los territorios, la generación de espacios para la reintegración y la reconciliación social”.

La llamada bolsa de proyectos en la lupa de la Fiscalía está conformada por 29 contratos de todo tipo en Quindío, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca y Boyacá, por 170.000 millones de pesos. Esta “bolsa” fue presuntamente el acuerdo entre García Jacquier, Herrera Correa y los dos grupos de senadores que habrían tenido un claro interés corrupto. Pese a esto, con el tiempo, se empezaron a presentar los primeros tropiezos porque no se logró el aval del presupuesto que quería el director del DPS.

De hecho, en uno de los mensajes de audio interceptados, los emisarios de los senadores muestran su ambición y desespero, y piden revisar la situación y ver qué se puede hacer para obtener más recursos.

“¿Por qué les preocupaba tanto a los miembros de la organización criminal las variaciones en la asignación de esa bolsa de recursos de proyectos?”, se preguntó la fiscal del caso. Ella misma respondió la duda: “Para esos intereses particulares sí era significativo porque acorde al presupuesto estatal estaba el pacto de la respectiva dádiva”.

En diálogo con SEMANA, el senador Motoa aseguró que no conoce los detalles del proceso y dijo que no se le ha permitido “ejercer el derecho de contradicción”. Igualmente, manifestó que nunca, en los 18 años que lleva en el Congreso, ha tenido contacto o relación alguna con las personas que se encuentran en la cárcel y que lo han señalado de exigir contratos.

Por su parte, el senador Barreto fue prudente en sus declaraciones. “Nunca me reuní con esa persona que está hablando, él no me conoce ni yo tampoco. Todo mi respeto a los organismos de control y justicia. Estoy dispuesto a atender las investigaciones”.

El senador Abraham Jiménez pidió que se cumpla el debido proceso. Advirtió que lo han señalado sin escuchar su versión. “Estamos interponiendo acciones legales para que la Fiscalía, mientras no tenga pruebas contundentes, no nos ponga en ese organigrama”, dijo.

En su caso, el senador Juan Samy Merheg dijo que no ha tenido ninguna relación con actividades ilícitas en lo referente a García Jacquier. Afirmó que “no tiene contratistas o intermediarios y no ha visitado ninguna entidad estatal para proponer o conseguir ventaja para contratista alguno”.

Finalmente, el senador Juan Felipe Lemos sostuvo: “Mis actuaciones siempre han sido ajustadas a la ley. No he participado directa ni indirectamente en el direccionamiento de contrato o proyecto alguno de la empresa Proyecta Quindío, con la cual no tuve relación de ninguna índole. Soy respetuoso de la justicia y estaré atento para responder sus llamados con la disposición que he tenido desde cuando inició la investigación previa”.

Estos seis congresistas, el exdirector encargado del DPS y el excandidato a la Cámara tendrán que responder y enfrentar un duro proceso en la Fiscalía por cuenta de un supuesto carrusel de la contratación que se gestó en el Congreso y que salpica en total a unas 30 personas.

El senador Ciro Ramírez ya está tras las rejas. Pronto vendrán más decisiones.