A la Sala Plena del Consejo de Estado llegó una demanda que busca tumbar la norma que exige la presencia del ministro de Hacienda, cargo que actualmente ocupa Germán Ávila, en la junta directiva del Banco de la República.
El recurso llegó días después de que el Gobierno Petro anunció su retiro de la junta directiva del Banco, luego de que se elevó la tasa de interés al 11,25 %. El ministro Ávila calificó esa decisión como “irresponsable” y, además, advirtió que no iba a asistir a próximas sesiones, a pesar de que la Constitución exige su presencia.
Por ello, un ciudadano identificado como Daniel Felipe Useche presentó una demanda en contra del artículo 35 del Decreto 2520, el cual estableció los estatutos del Banco de la República, y solicitó su suspensión provisional, al considerar que es “directamente contrario a los artículos 371 y 372 de la Constitución Política”.
Dicho artículo define el cuórum y el sistema de votación de la junta directiva, y señala que solo puede sesionar, deliberar y decidir cuando asisten por lo menos cinco de sus miembros, uno de los cuales debe ser el ministro de Hacienda. Asimismo, establece que solo podrán adoptarse decisiones con un mínimo de cuatro votos favorables.
Para Useche, dicha norma “transgrede” el artículo 371 de la Constitución de Colombia, el cual otorgó autonomía técnica, administrativa y financiera al Banco de la República para que funcione con independencia, y el 372, que dispuso que los miembros de la junta serían nombrados por el presidente y que el ministro de Hacienda la presidirá con voz y voto.
Pero el demandante argumentó: “La norma demandada convierte dicho deber funcional en un requisito de validez de las decisiones de la junta directiva, al requerir la presencia del ministro de Hacienda para conformar el cuórum para sesionar, deliberar y decidir. Así, le otorga al ministro (y por extensión al Gobierno Nacional) un poder de veto respecto de las decisiones de la junta directiva del Banco de la República que impide de facto a sus miembros ejercer el mandato de representar el interés de la nación”.
Daniel Felipe Useche alegó en su recurso que la “ausencia deliberada” de Ávila en las sesiones de la junta directiva podría generar un mecanismo de presión para forzar posiciones cercanas al Gobierno, una manera de “congelar” las tasas de interés al bloquear decisiones en contra de las pretensiones del Ejecutivo y una forma de “neutralizar” la influencia de los miembros.