El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons se salvó de otra decisión judicial en su contra después de que el Consejo de Estado tumbara la destitución e inhabilidad por 10 años que le dictó la Procuraduría por el supuesto caso de corrupción detrás de los posibles pagos irregulares por terapias de neurodesarrollo y neurorehabilitación.
Este caso inició el 15 de agosto de 2023, cuando un fallo en primera instancia de la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad de 10 años al exgobernador de Córdoba, a raíz de las presuntas omisiones de control y vigilancia de los secretarios de Salud que tenían delegadas esa contrataciones.
Esa situación habría provocado un pago cercano a los 8.000 millones de pesos, según la Procuraduría, sin que se celebraran acuerdos de voluntades con diferentes Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) por los paquetes integrales de las terapias.
Pero esa sanción disciplinaria contra Lyons terminó llegando al despacho del magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, integrante de la Sala Diez Especial de Decisión, quien decidió declarar prescrita la acción disciplinaria contra Lyons Muskus y dejar sin efectos esa medida en su contra.
El alto tribunal explicó que desde la modificación de la Ley 2049 de 2021, la cual estableció las funciones de la Procuraduría, se logró determinar que los cinco años para que un proceso prescriba se debían contar desde la comisión de la falta, y, además, fijó un término de dos años para la segunda instancia.
El Consejo de Estado aclaró que la última actuación que se podría poner como punto de partida ocurrió el 15 de marzo de 2020; tres años después, específicamente el 15 de agosto de 2023, la Procuraduría emitió la primera sanción. Por esa situación fue que se declaró prescrito el caso cuando se produjo la sanción.
Así fue como se logró determinar que el fallo de primera instancia contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, se dio después de vencidos los cinco años de prescripción, situación que obligó a declarar sin efecto ese acto disciplinario en su contra.
Aunque la Procuraduría sancionó al exgobernador en 2023 y un año más tarde confirmó la decisión, el Consejo de Estado determinó que esa decisión había llegado tarde, pues la acción disciplinaria ya estaba prescrita.