Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, fue capturado y procesado en el escándalo de corrupción conocido como el “cartel de la hemofilia”. La Fiscalía logró una condena en su contra luego de demostrar en juicio cuál era su responsabilidad en los millonarios contratos que tenían como objeto principal la atención de niños con hemofilia.
Lo que descubrió el ente acusador es que en el departamento de Córdoba apareció un listado sin precedentes de niños con hemofilia, muchos inventados o nombres que nada tenían que ver con los expedientes médicos que advertían la enfermedad. Lyons pagó una condena y ahora quedó en libertad.
Por este escándalo, otros funcionarios también resultaron enredados, incluso condenados. Algunos gobernadores que lo siguieron terminaron vinculados a la investigación; las declaraciones de testigos fueron fundamentales para advertir las irregularidades en la firma de millonarios contratos para la atención de niños con esta enfermedad.
Pero no fue el único enredo de Alejandro Lyons con la justicia; la Fiscalía también lo vinculó a la investigación por un escándalo con dinero de regalías, particularmente con el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación en Córdoba; aquí las irregularidades superaron los 9.000 millones de pesos.
Fueron varios los procesos en los que terminó vinculado Lyons, como presunto responsable de hecho de corrupción; sin embargo, uno que llamó la atención de todo el país estaba relacionado con el llamado “cartel de la toga”: los funcionarios judiciales, incluso de la Corte Suprema de Justicia, que terminaron vinculados al mayor escándalo de corrupción en la rama judicial.
Fue Lyons quien se reunió con el entonces director contra la corrupción, Gustavo Moreno, en los Estados Unidos, un encuentro que resultó en la revelación más vergonzosa para la justicia en Colombia y que enredó al expresidente de la Corte Suprema Leónidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino.
El exgobernador de Córdoba se convirtió en testigo de la fiscalía y los procesos que se adelantaron por hechos de corrupción en el departamento de Córdoba, pero en la Corte Suprema declaró y entregó detalles de los dineros que se entregaban a magistrados para frenar o archivar procesos.