No fue posible conseguir un debate entre los candidatos a la presidencia de Colombia. Cada uno expuso su posición, como si el debate fuera un antojo de campaña y no un derecho de los electores; justamente ese fue el argumento de quienes, a través de tutela, esperaban obligar a los candidatos a asistir a un debate.
La tutela llegó al Tribunal Superior de Bogotá, que después de varias deliberaciones se remitió a considerar un conflicto de competencias y de esta forma dilató la posibilidad de un debate presidencial entre los candidatos. Así las cosas y a dos días de la primera vuelta, el país no conoce un debate de los aspirantes a la Casa de Nariño.
“Presentamos una acción de tutela buscando proteger un derecho básico en democracia, que los ciudadanos pudieran escuchar, comparar y confrontar propuestas presidenciales mediante debates amplios, plurales y públicos antes de votar, y hoy ocurre algo que, aunque jurídicamente es posible y respetable, termina generando una consecuencia profundamente preocupante: se trabó un conflicto de competencia entre despachos judiciales”, señaló el abogado responsable de la tutela.
Alberto Elías González, el abogado que radicó la tutela, advirtió que, aunque los argumentos de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá son válidos y respetables, esto no exime del sacrificio en contra de los derechos de los ciudadanos a informarse en debida forma y de voz de los propios candidatos.
“Evidencia una realidad que no podemos ignorar: mientras se discute quién debe decidir, el calendario electoral sigue avanzando y ahí surge el verdadero problema, que la tutela judicial efectiva no solo implica que exista una decisión; sobre todo cuando hay medidas cautelares, implica que esta decisión llegue a tiempo”, dijo el abogado.
Insiste el defensor que de nada sirve el conflicto de competencias para decidir de fondo una tutela cuando pase la primera vuelta y los ciudadanos hayan ejercido su derecho al voto, aun sin la información que debieron recibir a través de los debates públicos y abiertos. La tutela tenía unas medidas cautelares que hubiesen resguardado ese derecho.
“De poco le sirve a la democracia un fallo de fondo cuando el hecho ya está superado, cuando los ciudadanos votaron, cuando la primera vuelta pasó o cuando el daño democrático ya es absoluto e irreversible. La justicia ha de ser garantista, pero también debe ser oportuna, porque en democracia muchas veces una decisión tardía equivale a un derecho perdido”, señaló el abogado.
Para el Tribunal de Bogotá es claro que existe otra acción de tutela que corría con las mismas solicitudes presentadas ahora por el abogado y en ese criterio no se pudieron acumular o no se llegó a un consenso para tomar una decisión antes de la primera vuelta; por lo tanto, resultó necesario instaurar el conflicto de competencias.
“Los hechos de cada acción de tutela son distintos formal y sustancialmente, porque la que se pretende acumular ‘incorpora hechos nuevos’; y difieren las pretensiones. Igualmente, indicó que, de no compartirse los argumentos esbozados, deberá proponerse el conflicto correspondiente”, advirtió el Tribunal.