El 13 de octubre de 2022 se viralizó en las redes sociales un aberrante video en el que aparecían cuatro mujeres encima de un menor de edad que casi no podía respirar. En la grabación el niño emite unos gemidos mientras una mujer, que viste una escotada blusa azul claro, le presiona el pecho con fuerza.
En las imágenes, que también se divulgaron por cadenas en aplicaciones de mensajería instantánea, el niño llora con las pocas fuerzas que le quedan y pide que no le sigan haciendo más daño, todo esto mientras se ríen, miran a la cámara y le siguen presionando el pecho y las extremidades para que no pueda huir. La grabación termina con un intento de asfixia al niño mientras las mujeres ―con los ojos desorbitados― miran la cámara y sonríen.
El caso fue tan atroz que activó a las inoperantes autoridades venezolanas. En poco tiempo se identificó el lugar en el que se realizó la grabación, una vivienda en el sector de Las Sábilas, en la ciudad de Barquisimeto, en el Estado de Lara. El Ministerio Público de Venezuela activó el protocolo establecido para llegar al lugar exacto; sin embargo, cuando llegaron los agentes ya era demasiado tarde, la casa estaba deshabitada.
El fiscal quinto del Estado de Sucre fue designado para realizar la investigación e identificar a las mujeres que aparecían en el video. Las pesquisas confirmaron el horror: el menor de edad era abusado sexualmente por su abuela, sus tías y su propia madre, quien permitía todos los abusos al niño de nueve años. Las grabaciones de estas aberraciones eran vendidas a clientes que tenían en el extranjero y que exigían, cada vez, más y más actos crueles contra el menor para aumentar así su placer.
Las mujeres harían parte de la organización criminal conocida como La Chicho, que se dedicaba a grabar todo tipo de videos de contenido sexual explícito involucrando a menores de edad. Con estos datos, y por la claridad con la que aparecían sus rostros en el video, fueron identificadas de inmediato y se ordenó su captura: el caso ya era un tema de Estado, llevando incluso que el cuestionado Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores adelantara en tiempo récord el trámite para pedir su extradición por medio la nota Verbal No. LORC/1711.
El tema se convirtió en primera plana de los pocos periódicos que aún quedan en Venezuela y todos hablaban, horrorizados, de los tratos crueles e inhumanos que había vivido ese menor por parte de sus familiares.
Una fuente humana les confirmó que todas las mujeres habían huido rumbo a Colombia para hacerles el quite a las autoridades, pero contaron con tan mala fortuna que su escape coincidió con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones después de varios años, reincoroprando así los acuerdos de cooperación en materia jurídica.
Fue así como en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana fue ubicada el 28 de noviembre de 2022 cuando se encontraba en la terminal de transportes de la ciudad de Pasto (Nariño), Yenimar Kariolys Rojas Linarez, la madre del menor y quien en el video aparece portando una descolorida camiseta con la bandera de los Estados Unidos.
La mujer se encontraba junto a sus tres hijos, entre ellos la víctima del abuso, quienes inmediatamente pasaron a custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). “Hubo un despliegue operativo de búsqueda y localización en aeropuertos, terminales de transporte y diferentes ejes viales, identificando y verificando vehículos de servicio público, y lugares de afluencia masiva de migrantes”, reveló
Todo indica que la mujer tenía todo planeado para viajar hasta el Ecuador y ahí seguir con sus actividades delictivas. SEMANA tuvo acceso a todo el expediente enviado por el Tribunal Supremo de Justicia a la Sala Penal de la Corte Suprema en Colombia en la que se advierte que el menor estuvo a punto de morir por asfixia.
Por esto, reclama la extradición de la mujer para que responda por los delitos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, homicidio calificado por motivos innobles en grado de frustración, distribución de material pornográfico, asociación para delinquir y uso de adolescentes para delinquir, los cuales le garantizan un tiempo en la cárcel.
En la documentación que reposa en el despacho del magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, el abogado de oficio de la mujer hizo una curiosa petición que entorpeció el trámite del estudio: verificar si la mujer pidió ser acogida en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o se sometió al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Mientras espera que se le notifique de su extradición, las autoridades venezolanas siguen tras la búsqueda de las otras mujeres plenamente identificadas como Eleanny González, Luisianny Dorantes y Geraldines Giménez.
La identidad de la persona que grababa sigue siendo un misterio. Ni qué decir del líder de la organización que era el encargado de distribuir los videos, conseguir clientes, cobrarles y atender las “sugerencias” para próximos videos.