La vicepresidenta del Senado, Maritza Martínez, aseguró que no fueron suficientes las alertas que se hicieron desde el Congreso en varios debates de control político sobre la posibilidad de que se enajenen bienes del Estado bajo la figura de optimización de activos de la Nación y por eso indicó que estará atenta a que no haya afectaciones para los habitantes del Meta.
“Exactamente tres meses después de manifestarle al ministro de Hacienda, en debate de control político en Comisión Quinta de Senado, nuestra preocupación por los pasos que se estaban dando desde el Gobierno hacia la posible enajenación de la EMSA y otras electrificadoras del país, hoy vemos que el Ministerio abre concurso de méritos para seleccionar la banca de inversión que, entre otras, elaborará el plan o programa de enajenación de la participación accionaria de la Nación en empresas del sector eléctrico dentro de las cuales se encuentra la Empresa Electrificadora del Meta”, dijo Martínez.
Según la congresista, la Resolución 2775 del 11 de noviembre de 2021, por medio de la cual la cartera de Hacienda ordena la apertura del Concurso de Méritos Abierto, demuestra que habrá enajenación de activos del Estado. “Solicitaremos al contralor general de la República que, en el marco de sus facultades de control preventivo y concomitante, acompañe este proceso para garantizar la no afectación del patrimonio público y que se tome en cuenta la posición de las autoridades del Meta en el sentido de adquirir la participación de la Nación en esta empresa tan importante para los metenses”.
A juicio de la senadora, estas actuaciones son muestra de un posible plan de enajenación, porque el Ministerio de Hacienda aparece como el mayor accionista de EMSA. Martínez indicó que el Gobierno debe tener cuenta la propuesta realizada por el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, para subrogar en la posición de accionista mayoritario a la Nación.
Por esa razón, dijo que prestará especial atención a este proceso para que no se adelante de manera exprés y se cumpla con la normatividad, incluyendo las disposiciones establecidas en la Ley 2026 de 1995.
El pasado 10 de agosto en la Comisión Quinta del Senado se adelantó un debate de control político donde se hicieron todas estas advertencias frente a los ministros de Hacienda y Minas, la Superintendencia de Servicios, el gerente de EMSA y el gobernador del Meta. Con la expedición de esa resolución, el Senado hará seguimiento al desarrollo de ese proceso al que se le dio vida.