Las dudas acerca de una posible privatización de varias electrificadoras, que haría el Gobierno nacional, para conseguir recursos, con el argumenta de optimización de los activos, llevó a la vicepresidente del Senado, Maritza Martínez, a citar en el Congreso de la República a los ministro de Hacienda y Minas, a dar las explicaciones del caso.
Si bien, el Gobierno suscribió el año pasado, un contrato de consultoría, para la realización de un estudio de factibilidad de la venta de siete empresas energéticas públicas, a la senadora Martínez le preocupa en particular la Electrificadora del Meta (Emsa), luego de que, “el 7 de diciembre de 2020, el Ministerio de Minas y Energía transfirió, a título gratuito, la totalidad de las acciones que tenía de Emsa –valoradas en poco más de $152.000 millones–, al Ministerio de Hacienda. Esto, en conjunto con la transferencia a igual título, de otras seis electrificadoras”, dijo Martínez.
En ese contexto, estarían en capilla, para ser vendidas, Centrales eléctricas de Nariño, en la que la participación accionaria es del 8,24%. La empresa Urrá S.A. en la que el Estado es dueña del 22,29%. De Emsa, la propiedad pública es mayoritaria, del 55,67%; mientras que en la Electrificadora del Huila el dominio público es del 83,05%.
Para el caso de la Electrificadora de Caquetá, el porcentaje de acciones que están en manos del Gobierno es de 72,35%, y en la Empresa Distribuidora del Pacífico el porcentaje de acciones ordinarias llega al 75,02%. Completa el paquete de electrificadoras públicas que están siendo analizadas por la consultora, las Centrales Eléctricas del Cauca, donde la propiedad del Estado es del 41,79%.
Según el contrato, el valor intrínseco se estimó en un poco más de 1 billón de pesos, de los cuales, la electrificadora que mayor valoración tiene es la del Huila, con una cifra de 325,2 mil millones de pesos, seguida de Urrá, valorada en $270,1 mil millones.
Reclamo en Meta
A la senadora Martínez le preocupa además, que “a pesar de que en reiteradas oportunidades el jefe de la cartera de Hacienda ha indicado que no se contempla la enajenación de Emsa, que es un activo esencial para los llaneros, tan solo 22 días después, el 29 de diciembre, suscribió el mencionado contrato de consultoría, con el propósito de analizar, diseñar, elaborar y de ser procedente implementar el plan o programa de enajenación de la participación accionaria de la Nación en las empresas del sector de energía, mismas que había recibido poco tiempo antes”.
Martínez dijo que, además, debería tenerse en consideración la propuesta realizada por la Gobernación del Meta para “subrogar en la posición de accionista mayoritario a la Nación”.
“Son estas y otras inquietudes, las que nos han impulsado a citar a los ministros de Hacienda y de Minas, y a la Superintendente de Servicios, e invitar al Gobernador del Meta y al Gerente de la EMSA, a la Comisión Quinta del Senado de la República”, dijo Martínez.
La jornada, en la que pedirán todas las explicaciones del caso, ha sido convocada para el martes 10 de agosto. “Queremos que le expliquen al país y a todos los metenses, las reales intenciones detrás de esta transferencia de acciones entre ministerios y contratos de consultoría, entre otros aspectos”, concluyó Martínez.