El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, reveló este lunes 21 de septiembre que en medio de las propuestas que buscan quitarle presupuesto al Tribunal, un grupo de comparecientes de la Fuerza Pública han solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta situación, indicó el magistrado Ramelli, llama mucho la atención debido a que varios integrantes de la Fuerza Pública han recibido sanciones por los casos de ejecuciones extrajudiciales. Igualmente, enfrentan procesos por presuntas alianzas con grupos armados ilegales en expedientes como el exterminio de la Unión Patriótica (UP).
En medio de una rueda de prensa, el presidente de la JEP indicó que esta solicitud de medidas cautelares está dirigida “a la protección” de este Tribunal ante organismos internacionales.
“La Fuerza Pública es la que se va a ver afectada con todo esto. Ellos mismos están pidiendo medidas cautelares. Yo sí quisiera que me explicaran por qué la Fuerza Pública está pidiendo la protección de la JEP. ¿Saben por qué? Porque tienen seguridad jurídica, que es lo que van a perder”, enfatizó el magistrado.
“Tienen una segunda oportunidad en sus vidas, más de siete mil integrantes de la Fuerza Pública que han cometido crímenes internacionales y hoy están pidiendo medidas cautelares pidiendo la protección de la JEP”, añadió.
No es enviar una carta y ya
Frente al anuncio hecho el pasado viernes sobre alertar a los organismos internacionales por las acciones para quitarle presupuesto a esta jurisdicción especial, el magistrado Ramelli indicó que este es un trámite largo.
Por ejemplo, este lunes en Holanda, sede de la Corte Penal Internacional, es festivo, por lo que no se ha recibido la carta en la que se plasma la preocupación por estas iniciativas legislativas.
Igualmente, indicó que no es solamente presentar la misiva y esperar una respuesta exprés, pues este tipo de temas toman un tiempo de análisis y respuesta.
El presidente del JEP volvió a alertar por lo que considera un ataque en contra de la independencia de este tribunal especial, afectando los recursos económicos para la recopilación de declaraciones por parte de las víctimas del conflicto armado interno.
En la propuesta presentada por el senador del movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, se pide que 100 mil millones de pesos del presupuesto de la JEP sean trasladados a la rama Judicial para alivianar su crisis económica.