El Gobierno nacional le salió al paso a la nueva orden de arresto domiciliario o multa de dos salarios mínimos legales vigentes que le impuso este sábado el Tribunal Administrativo de Magdalena al presidente Iván Duque y a la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, por incumplir una orden judicial.
La defensa la tomó el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, y el secretario jurídico de la Presidencia, Germán Quintero, al anunciar que el juzgado no tiene la potestad para asignarle ordenanzas al mandatario por el fuero que goza.
“Independientemente de todos los asuntos y aspectos procesales que se han debatido, es claro que el Tribunal no tiene la competencia para imponer esta sanción. Defenderemos el fuero constitucional del presidente en todas las instancias jurisdiccionales y disciplinarias a la que haya lugar”, dijo el funcionario de jurídica.
Mientras que el director contrarió los fundamentos que sostuvieron la medida que buscó regular la libertad de Duque y la ministra durante dos días, por no acatar un fallo que les ordenó expedir el decreto para poner en marcha el Plan Maestro Quinto Centenario de Santa Marta, hoja de ruta para celebrar los 500 años de la ciudad en 2025.
En contravía de los magistrados, a juicio de Víctor Muñoz, el Gobierno sí ha venido cumpliendo la sentencia que emitieron en junio de 2021 y prueba de ello son las mesas técnicas que se han adelantado con el distrito, donde ya se han recibido 25 proyectos para la conmemoración de la fundación de Santa Marta.
“Aún faltan detalles técnicos y presupuestales, como también la posibilidad de recepción de más proyectos para ser implementados en virtud del fallo”, comentó el director, agregando que la sentencia de desacato no se encuentra en firme y que el procedimiento de los jueces será puesto en tela de juicio.
“Llevaremos el caso ante la Comisión de Disciplina Judicial como ha sido llevado en instancias anteriores cuando el fuero en sí mismo no ha sido respetado como establece en la Constitución”, concluyó el vocero de la Presidencia.
Mientras que la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, emitió un comunicado en el cual insistió que la medida no está en firme y desmintió la información del Tribunal porque, según ella, actuó en el marco de la ley.
“El Ministerio ha cumplido en su totalidad las disposiciones contenidas en el artículo 11 de la ley 2058 de 2020, que ordena a la entidad a vincularse en la conmemoración de los 500 años de la fundación de Santa Marta y aquellas actividades que dependen exclusivamente del Ministerio”, señaló.
Así las cosas, Mayolo advirtió que presentará todas las evidencias que sostienen el cumplimiento de las actividades y acciones relacionadas para adoptar el Plan Maestro Quinto Centenario. Además, la cartera de Cultura ya elaboró el reglamento de la Comisión Preparatoria, confirmó la funcionaria.
Resultado del trabajo que han adelantado en Santa Marta estarían las declaraciones como Bienes de Interés Cultural de la Nación el fuerte de San Fernando, el fuerte del Morro, la iglesia San Juan de Dios, el claustro San Juan Nepomuceno, la iglesia del Pueblo de Indios de Taganga, la iglesia del Pueblo de Indios de Mamatoco y la iglesia Catedral de Santa Marta.
Sin embargo, para el juzgado, hubo “una actitud negligente” por parte de las autoridades que debían realizar el documento, dado que, en un principio, al Ministerio de Cultura le dieron como término un mes para conformar la comisión preparatoria y solo se integró ocho meses después.
Si bien se reconoce que hay 25 proyectos presentados para la celebración de los 500 años, la mesa técnica apenas va a priorizarlos y analizarlos, por lo que el Plan “no ha sido adoptado por los entes encausados, pues ni siquiera han estructurado de forma definitiva los proyectos”, afirmó el Tribunal de Magdalena.