Carlos Albornoz, el exdirector de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), deberá cumplir la condena de casi 20 años de cárcel que le impuso la justicia colombiana, por las irregularidades que se dieron en el manejo de bienes incautados por actividades relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos.
Esa decisión quedó en firme después de que los magistrados de la Sala de Casación Penal ratificaron la sentencia contra el exfuncionario que se alió con otros servidores y particulares para desplegar una serie de maniobras que permitieron vender por menor valor un bien decomisado por las autoridades. Esa movida les dejó una ganancia ilícita de 1.500 millones de pesos.
Albornoz fue absuelto por un juez de primera instancia; sin embargo, al resolver el recurso de apelación, el Tribunal Superior de Bogotá lo condenó por los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, interés indebido en la celebración de contratos y obtención de documento público falso.
El caso llegó a la Sala de Casación Penal por medio de un recurso de impugnación, pero en esa instancia se confirmó que el exdirector del DNE sabía de las irregularidades:
“Tuvo dominio del hecho desde cuando asumió consignar información falsa respecto del valor del bien, hasta que se consolidaron los registros de la dación en pago y la subsiguiente tradición de este a una tercera sociedad, en perjuicio del erario y en provecho propio y de terceros“.
La Corte Suprema también confirmó en su decisión que las irregularidades realizadas en el trámite de venta del inmueble incautado terminaron beneficiando a un amigo del ahora condenado Carlos Albornoz.
“El desmedro al erario se produjo con la conducta de Albornoz Guerrero, porque tras ofrecer el predio ‘Jesús del Río’, al tercero de buena fe titular del crédito, Capital & Business S. A., se entregó el bien en dación en pago por un valor inferior al real”, explicaron los magistrados de la Sala Penal.
La Fiscalía demostró dentro de este proceso que el exdirector de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes aprovechó su posición dentro de la entidad para proponerle a un tercero que comprara un bien de la entidad, con la promesa de que sería entregado por un precio menor.
Esas investigaciones permitieron determinar que por el predio denominado ‘Jesús del Río’, ubicado en el municipio de Zambrano, en Bolívar, se pagaron 2.730 millones de pesos, cuando su valor real ascendía a 4.442 millones de pesos.