Argumentando que no contaba con las garantías, la defensa de Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de la Dirección General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), presentó su carta de renuncia.
“Pido que por favor se nos permita tener acceso al expediente físicamente y que se nos dispongan los audios, los chats de WhatsApp para poder hacer los ejercicios técnicos”, expuso el jurista.
Sin embargo, la representante de la Fiscalía General manifestó que debía utilizar los elementos expuestos durante la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
Recordando que estos se habían formalizado mediante la exposición y narración de los hechos materia de investigación, sin necesidad de poner de presente la evidencia física.
En el atípico hecho, el jurista Pedro Antonio Padilla manifestó que la Fiscalía General no le había hecho todo el descubrimiento probatorio para preparar sus argumentos ante la medida de aseguramiento carcelaria presentada contra su cliente.
Situación que le valió dos llamados de atención. El primero de la fiscal delegada, quien cuestionó la posición que ha tenido en estos días, y el segundo, de la jueza de control de garantías.
Para la fiscal, el hecho de renunciar en plena audiencia representaría una maniobra dilatoria, lo cual afecta considerablemente el desarrollo del proceso.
Mientras tanto, la jueza le puso de presente el hecho que su defendido se encuentra actualmente con una restricción de la libertad, por lo que lo está afectando directamente.
Tras la posesión de José Alfredo Jaramillo Matiz como nuevo abogado defensor de Pedro Rodríguez, la Fiscalía le puso de presente el hecho que se iban a tomar medidas para evitar la filtración de información.
Esto destacando la “reserva” de la investigación y los temas “delicados” que se habían recolectado.
La Fiscalía General señaló que, desde su cargo, Pedro Rodríguez manipuló el pliego de condiciones de varios contratos para beneficiar al empresario nariñense Luis Eduardo López Rosero.
Todo esto a cambio de un porcentaje de los contratos y una millonaria comisión.
Entre los convenios que fueron direccionados a favor de López Rosero se encontraba la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable para el departamento de La Guajira.
Rodríguez Melo, quien trabajó como asesor jurídico en la Gobernación de Nariño durante la administración de Camilo Romero, habría sido la persona de llevar a López Rosero a la UNGRD.
El abogado de profesión, especialista en contratación pública, estructuró el pliego de condiciones para que las únicas empresas que cumplieran con los requisitos fueran aquellas que representaba su amigo contratista.
Por estos mismos hechos, fue vinculado el exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la UNGRD, Luis Carlos Barreto Gantiva, quien habría sido el encargado de entregar a dedo los millonarios contratos.
A su turno, en la audiencia celebrada este lunes, la defensa de Barreto Gantiva se opuso a que se emita una medida de aseguramiento.
Para la Fiscalía General, tanto Barreto como Rodríguez tuvieron una participación clave en la “empresa criminal” que montaron Olmedo López y Sneyder Pinilla en la entidad y que se destacó por el cobro de sobornos para entregar contratos de mitigación del riesgo.