Este lunes se reanudará la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra del exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Luis Carlos Barreto Gantiva y el exasesor de la Dirección General de esa entidad, Pedro Andrés Rodríguez Melo.
El pasado 6 de septiembre, la Fiscalía General manifestó la necesidad de cobijar con una medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de los dos exfuncionarios, investigados por el direccionamiento de millonarios contratos durante la administración de Olmedo López.
Rodríguez, quien laboró como asesor jurídico en la Gobernación de Nariño durante la administración de Camilo Romero, habría sido el encargado de llevar a la UNGRD al contratista Luis Eduardo López Rosero. El abogado de profesión se había encargado de estructurar los pliegos de condiciones con el fin de beneficiar al contratista.
“Usted, señor Pedro, pactó con Luis Eduardo López Rosero el pago de mil millones de pesos por el direccionamiento de la orden de proveeduría (...) para la adquisición de 40 vehículos tipo carrotanque para una de las empresas del señor López Rosero”, precisó la fiscal en la extensa audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
“Usted, señor Pedro, coordinó con López Rosero y Sneyder Pinilla el incremento del precio de la cotización de la orden de proveeduría para cubrir el pago de la coima. Estableció con otros funcionarios de la UNGRD la suscripción de las actas donde simuló escoger aleatoriamente de la lista de proveedores de la Subdirección de Manejo de Desastres las empresas invitadas a cotizar, escogiendo a las acordadas por López Rosero”, aclaró.
Mientras que Benavides usó sus influencias y cargo con el fin de apoderarse de convenios y entregárselos a un pequeño grupo de empresarios, todo esto a cambio de una comisión que era un porcentaje del valor total del contrato de obra.
Entre estos contratos se encuentra la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira, con el fin de atender la grave situación humanitaria que se estaba presentando en diferentes regiones por la sequía.
El contrato, que fue firmado a mediados de octubre de 2023 por un valor de 63 mil millones de pesos, -advirtió la Fiscalía General- presentó millonarios sobrecostos y, como si fuera poco, los 40 vehículos se están oxidando, pues no cumplieron con los requisitos técnicos.
Por estos hechos, la Fiscalía General les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad de documento privado.
Tras la pregunta de la jueza de control de garantías de Bogotá, los dos exfuncionarios de la UNGRD no aceptaron los cargos.