“Habría direccionado el proceso contractual (…) por 32 millones de dólares”, de ese calibre fueron los señalamientos de la Fiscalía en contra de Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa en el Gobierno Petro.
El ente acusador le imputó cargos y advirtió que Suárez Soto, presuntamente, ordenó adelantar la contratación mediante la modalidad de selección directa reservada para favorecer a una empresa representada por un ciudadano estadounidense que no acreditaba la experiencia técnica, la capacidad jurídica ni la solidez financiera requeridas.
“La Fiscalía General de la Nación judicializó al exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, Luis Edmundo Suárez Soto, por su presunta participación en las irregularidades detectadas en la planeación y ejecución del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional”, señaló la Fiscalía.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción advirtió que el exfuncionario, segundo en el Ministerio de Defensa con Iván Velásquez al frente de la cartera, habría dirigido el proceso y el contrato a un cierto proveedor que no tenía experiencia. Un multimillonario contrato que endeudó a la nación.
“De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el entonces viceministro, sin tener competencia funcional, habría direccionado el proceso contractual para el mantenimiento y suministro de repuestos de las aeronaves, suscrito el 31 de diciembre de 2024 por 32 millones de dólares”, explicó el ente acusador.
Fueron ocho los delitos imputados al exviceministro Suárez Soto: falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.
“La investigación también estableció que conoció informes técnicos y jurídicos que advertían el incumplimiento de los requisitos por parte del contratista y, al parecer, dispuso que un funcionario específico realizara la evaluación financiera. Posteriormente, la forma de pago fue modificada para autorizar un desembolso anticipado del 50 % del valor del contrato”, señaló el fiscal durante la audiencia.
El exviceministro no aceptó los cargos imputados. Ahora, la Fiscalía tendrá 120 días para presentar el escrito de acusación en el propósito de lograr una condena en su contra, a menos que llegue a algún tipo de negociación con este ente o demuestre su inocencia.