El puesto de control en el que fue capturado alias Calarcá y otros criminales de las disidencias de las Farc ocurrió en junio de 2024 y en ese momento la Fiscalía ordenó la libertad del delincuente por cuenta de su participación como negociador de paz. El mismo día se abrió una investigación que 16 meses después terminó en un escándalo.
La Fiscalía advirtió en un comunicado de prensa que en las últimas horas se compulsaron las copias para investigar al general de Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, reseñado en los archivos contra alias Calarcá, una decisión que solo conoce hasta que el escándalo estalló y la propia fiscal Luz Adriana Camargo reconoció una “falla” en los procedimientos del ente acusador.
“Esto es una falla y lo estamos admitiendo, estamos diciendo que la fiscal del caso no tiene un caso simple, ni pequeño, no dejó de hacer por negligencia, sino que tenía y ha dado grandes resultados. Omitió compulsar copias por estos hechos, porque esta información está en cinco informes, porque la información no está a la vista, porque no se consiguió en junio cuando fue ese retén”, dijo la fiscal.
Luz Adriana Camargo soltó una polémica declaración al asegurar que para ellos, como directivos del ente acusador, la investigación arrancó hace apenas unas horas. “Esta investigación para nosotros empezó ayer, no empezó hace un año porque ayer conocimos la información, no hace un año y medio, la conocimos ayer”, dijo la fiscal.
Se trata de una situación que critican duramente expertos y exfuncionarios de la misma Fiscalía, cuando se trata de información tan delicada que compromete la seguridad nacional, incluso con la infiltración de delincuentes en la fuerza pública y en la Dirección Nacional de Inteligencia.
La jefe del ente acusador trató de explicar por qué la fiscal del caso se demoró en la compulsa de copias, todo mientras advierte que se trata de un proceso complejo en el que se han tomado decisiones que no necesariamente corresponden a los tiempos de los medios de comunicación, pero que ayudaron a identificar delincuentes de alto valor.
“Es que el proceso de extracción técnica ha implicado cinco informes de la Dijín, no solo para el proceso de extracción, sino para el proceso de análisis. El último informe tiene fecha de junio de este año, lo que yo llamo la atención es que no se trata de justificar, que no se haya hecho algo respecto de esta información que es tan sensible y de la que definitivamente la Fiscalía tiene la obligación de realizar las líneas de investigación”, señaló la fiscal.
Aunque la fiscal insiste en que se trabajó la información que estaba en poder de la misma Fiscalía hace más de un año, los expertos advierten que es un asunto preocupante, no hay claridad del papel de la Fiscalía en este escándalo, “no puede ser que en más un año y ahora se toman las decisiones, seguramente ni siquiera sabían lo que tenían en los escritorios”, señalaron funcionarios de la misma Fiscalía.