En un posible peculado de cientos de millones de pesos habrían incurrido varios funcionarios del Ministerio de Defensa si hubieran accedido a las pretensiones del Gobierno Petro con los helicópteros del Ejército MI-17 cuando llegó a la Casa de Nariño.
SEMANA conoció que en los archivos del Ministerio de Defensa hay actas de funcionarios que se opusieron a que el Gobierno destinara los helicópteros militares para el transporte de las juntas de acción comunal, con el fin de alimentar las innumerables movilizaciones sociales a las que convocaba el presidente Petro en el ámbito nacional.
La historia que generó la molestia del mandatario y del entonces ministro Iván Velásquez con varios funcionarios del Ministerio de Defensa y que a la fecha se mantenía oculta, se remonta al 26 de marzo de 2023.
Para la mencionada fecha, Petro llevó a cabo el evento denominado Gran Asamblea Popular Bogotá. Las juntas de acción comunal de todo el país con el cambio.
En una foto publicada por el mandatario en X se observa a una parte de su gabinete rodeado por una multitud de personas que hacían parte de las juntas de acción comunal del país que habían llegado a Bogotá.
La historia oculta de dicho evento tiene un trasfondo que toca a los militares y que fue uno de los puntos de quiebre entre algunos funcionarios del Ministerio de Defensa y el Gobierno nacional.
En un documento bajo el radicado 2663, del Ministerio del Interior, dirigido al ministro de Defensa, Iván Velásquez, dice que la carta tiene como propósito articular “el aporte a este gran encuentro nacional”.
Este documento señala: “Con motivo de la realización de la Asamblea Nacional Popular Comunal que se celebrará los días 24, 25 y 26 de febrero del 2023 en Bogotá, dado alcance al oficio anterior, emitido el 27 de enero del presente año”.
El objeto del oficio 2663 era recordarle al Ministerio de Defensa que debía realizar un aporte para apoyar la Gran Asamblea de Juntas de Acción Comunal promovida por el presidente Gustavo Petro.
Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron que, para la mencionada época, funcionarios del Gobierno Petro solicitaron que los helicópteros MI-17 fueran utilizados para movilizar a las juntas de acción comunal en los territorios, con el propósito de que pudieran participar en el evento del 24 de febrero de 2023.
El inusual requerimiento llegó a las instancias jurídicas del Ministerio de Defensa y allí le pusieron el primer freno al presidente Petro y a Velásquez. Los jurídicos les dejaron claro que no podían saltarse las reglas con los bienes de uso exclusivo para los militares.
El equipo de abogados del Ministerio de Defensa hizo el análisis del requerimiento sobre el uso de los MI-17 para movilizar civiles, encontrando —los jurídicos— que lo que estaban pidiendo era imposible de realizar sin violar la ley.
De acuerdo con las fuentes del sector defensa que hablaron con SEMANA, de haber accedido a la pretensión del Gobierno Petro, en la actualidad una lista larga de funcionarios estaría respondiendo ante las autoridades judiciales y los órganos de control por un posible peculado de varios millones de pesos.
Asimismo, indicaron que tras entregar el concepto negativo se le puso un sello irrompible para que el Gobierno Petro le diera un uso diferente al militar a los MI-17.
De manera paralela a la petición que hacía el Gobierno Petro para el uso de los helicópteros militares, se venía cocinando a fuego lento una de las peores crisis para la flota de los MI-17. La falta de acceso a un mantenimiento de profundidad dejaría en tierra a la mayoría de las aeronaves clave para combatir a los grupos criminales.
Al parecer, por la falta de gestión del ministro Iván Velásquez, no se pudo hacer el mantenimiento que necesitaban varios helicópteros.
Aunque en diferentes declaraciones Velásquez responsabilizó de la crisis al conflicto entre Rusia y Ucrania, dado que los rusos son los únicos autorizados para el mantenimiento, y la inclusión de las empresas de Moscú en la lista Clinton por parte de los Estados Unidos prohíbe hacer transacciones, el testimonio ante la Procuraduría de su funcionaria de confianza, Ana María Garzón, exsecretaria general del Ministerio de Defensa, lo dejó mal parado.
Garzón detalló en una línea de tiempo cómo había sido advertido en reiteradas ocasiones Velásquez sobre la compleja situación de los MI-17, sin que el entonces ministro de Defensa tomara cartas en el asunto.
“Se hace una compilación de la información de actividades, circunstancias, análisis de eventos y riesgos que se le habían presentado al señor ministro desde mi llegada al cargo, e incluso fueron parte del empalme cuando se recibió el ministerio, como una calificación de prioritario y urgente”, dijo Garzón en la declaración conocida por SEMANA.
Añadió la exmano derecha de Velásquez que nunca le ocultó información y que, por el contrario, se le indicaba constantemente sobre las alertas que había frente a los MI-17 para que se tomaran decisiones urgentes, pero esto nunca sucedió.
“Jamás oculté información al ministro ni actué de manera soterrada”, expresó Garzón al ente de control durante una versión libre que rindió.
La crisis de los MI-17 ha dejado un capítulo oscuro para la aviación del Ejército durante el Gobierno Petro. Varias aeronaves se han accidentado, como la que era piloteada por el coronel Jesús David Carvajal, quien era especialista en la mencionada flota y había trabajado en varias mesas para tratar de resolver la crisis.
El otro escenario ha sido el judicial. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, autorizó que se contratara a una empresa norteamericana para el mantenimiento de los MI-17 y el contrato derivó en un posible episodio de grave corrupción.
Varias personas han sido judicializadas por la Fiscalía, entre ellas el exviceministro de Defensa de Políticas y Planeación, Luis Edmundo Suárez, quien fue imputado recientemente.
En la única entrevista que dio a un medio de comunicación antes de la imputación de cargos, Suárez le dijo a SEMANA que él no había firmado el contrato con los norteamericanos y que las gestiones que se hicieron obedecieron a las necesidades planteadas por el Ejército, que era el dueño de los helicópteros.
“Finalmente, yo no estuve en esa firma del contrato porque yo no participé en él, yo no lo firmé. Todas las decisiones del momento, la oportunidad y todo el periodo del contrato se hicieron con la dirección jurídica y con la Secretaría General del Ministerio de Defensa”, dijo Suárez.
Al igual que la exsecretaria Garzón, señaló que el ministro Velásquez estaba al tanto de lo que ocurría con la flota MI-17. “En líneas generales, él sabía cómo iba, porque era una información que se le daba”, señaló.
La aparente desidia del entonces ministro Velásquez con los helicópteros MI-17 tiene hoy al Ejército con 11 aeronaves varadas, seis volando y en entrenamiento, dos en tierra en mantenimiento y otra que sufrió un accidente y que será dada de baja, sin un seguro que la recupere.