El exviceministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto, fue llamado a juicio por parte de la Fiscalía General por su presunta intervención en la adjudicación del millonario contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.
El exviceministro de Defensa será acusado por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.
Para la Fiscalía General, fue Suárez Soto quien imprimió su firma en el contrato 012, firmado el 31 de diciembre de 2024, para el mantenimiento y suministro de repuestos de los helicópteros rusos.
El convenio, que tuvo un valor cercano a los 32 millones de dólares, le fue adjudicado a una empresa de los Estados Unidos que —según las evidencias— no contaba con los requisitos ni experiencia para la ejecución de un contrato de tal magnitud e importancia.
Suárez Soto, quien fungía como viceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, se “habría concertado” con el contratista James Leister Montgomeire y Carlos Martín Uribe Franco para lograr que la empresa estadounidense “se quedara con el contrato sin tener la idoneidad, experiencia, capacidad técnica y financiera para ejecutar las actividades encomendadas”.
Con el fin de lograr el direccionamiento, se habrían unido al exsecretario general, Hugo Alejandro Mora Tamaño; y el exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio, Herbert Arnulfo Buitrago Galán; y el excomandante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte.
Estas personas habrían ayudado con su experiencia en la celebración de contratos para realizar todo el direccionamiento.
“Los entonces funcionarios, al parecer, no adelantaron un proceso abierto y recurrieron a una contratación directa para adjudicar el contrato y realizaron una convocatoria directa, flexibilizaron requisitos habilitantes y extendieron plazos para la presentación de cotizaciones”, señaló la Fiscalía General.
Estos funcionarios, pese a su formación académica y experiencia, sabían que estas concertaciones eran ilícitas. Aun así, continuaron con las reuniones para lograr que el millonario contrato le fuera adjudicado en el último día del año a la empresa estadounidense.
“Adicionalmente, son señalados de convocar reuniones de estructuración en busca de beneficiar al oferente, permitirle entregar información financiera y técnica no real y modificar la forma de pago para girar 16 millones de dólares con el primer corte de ejecución, que correspondía al 50 % del valor total del contrato”, añadió el ente investigador.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción sostuvo que estas seis personas incurrieron en una división de funciones para lograr un fin criminal.