En plena pandemia, los únicos que estaban en libertad de transitar, por fuera de la ley, eran los criminales que nunca estuvieron en confinamiento; al contrario, incrementaron sus actividades, principalmente en el tráfico de estupefacientes. Pero un grupo de investigadores de la Policía en el departamento de Caldas arriesgó su vida al contagio del covid-19 y las balas de sicarios.
Cada semana los funcionarios al mando del entonces capitán Guillermo Salgado Rendón asestaron duros golpes a la criminalidad. Llevaron a los cabecillas a la cárcel y se convirtieron en el escudo contra los delincuentes cuando las autoridades tenían en su cabeza luchar contra el virus.
Sin embargo, tanta efectividad levantó ampolla en los delincuentes que, tras no lograr eliminar por las balas a su rival, esto es, el capitán Salgado, lo hicieron con falsas denuncias, de acuerdo con la historia que reveló en SEMANA el oficial, donde insiste que después de tres años de líos judiciales, empezó a despejar su inocencia.
El capitán Guillermo Salgado fue involucrado en una investigación que dejó ocho uniformados capturados por presuntos vínculos con organizaciones criminales, socios del Clan del Golfo, a quienes supuestamente se les entregaba información sometida a reserva para anticiparse a los operativos de la fuerza pública en la región.
La Fiscalía presentó al capitán junto a sus hombres en audiencias de control de garantías para imputar cargos por concierto para delinquir; sin embargo, en ese momento la juez aseguró que no existían los elementos de prueba suficientes para mantener los privados de la libertad y ordenó retirar cualquier tipo de restricción. La fiscal del caso en su momento se quedó corta en argumentos.
Resultó curioso para la oficial que su caso se convirtió en una prioridad no solo para la Fiscalía, sino para la Policía, pues su desvinculación fue express, en juntas que duraban apenas 10 minutos y donde se destituyeron una docena de uniformados. En otras palabras, cada decisión para evaluar la trayectoria de una década de servicio se resolvió en menos de un minuto.
Luego de los señalamientos, de la imputación y la acusación, el capitán Salgado tuvo la oportunidad de defenderse y en su propia investigación logró establecer la patraña que se armó en su contra y la forma en que los delincuentes se convirtieron en víctimas de un proceso que dejó al oficial como victimario.
Falsos testigos, presiones, investigadores amigos de los abogados de delincuentes, una particular relación de la fiscal con altos mandos de la Policía, audios y declaraciones hacen parte del expediente que el capitán Salgado acumuló para demostrar en juicio que el proceso en su contra no fue más que un montaje para quitar del camino a los investigadores que atacaban a las organizaciones criminales en Caldas.
El capitán logró obtener declaraciones grabadas en las que se advierte cómo se hicieron ofrecimientos desde la Fiscalía a algunos delincuentes, incluso a uniformados de la Policía, para que declararan en contra del oficial, en el propósito de argumentar la necesidad de imputar cargos y hasta pedir una medida de aseguramiento que una jueza consideró injustificada.
En el curso de la investigación, la que terminó denunciada fue la fiscal que inicialmente trató de llevar a la cárcel al oficial y a sus hombres. Una funcionaria que aparece en fotografías con uniforme de la Policía y al lado de altos mandos de la institución. Fue ella, según el capitán Salgado, quien en algún momento le ofreció la posibilidad de terminar el proceso de manera anticipada.
Ahora el problema está en las amenazas de muerte que ha recibido el capitán Salgado, de la misma organización criminal que supuestamente estaba a su servicio. La banda conocida como La Empresa funcionaba como una especie de outsourcing del Clan del Golfo en el departamento de Caldas. Un juez decretó medidas cautelares de protección para el oficial.