El teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán fue sentenciado este viernes 19 de junio por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a cinco años, nueve meses y un día de prisión.
La sentencia se emitió después de que el oficial en retiro reconociera “tardíamente” ante ese tribunal su responsabilidad en 31 asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate en Casanare y Boyacá, cuando fungió como comandante del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez entre el 12 de diciembre de 2005 y el 15 de noviembre de 2006.
El pasado 19 de marzo, durante una audiencia de reconocimiento celebrada en Yopal, el coronel León Durán aceptó su responsabilidad en los hechos materia de investigación, le ofreció excusas a las víctimas y se comprometió a entregar información para el caso.
“Yo soy el responsable de todos los dolores y sufrimientos que ustedes han padecido (...) Hice parte de una estructura criminal, convirtiéndome en la piedra angular, en la llave que abrió la puerta de todo lo criminal que ocurrió”, aseveró el oficial en retiro ante más de 70 familiares de víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate.
En dicha diligencia, las víctimas le hicieron fuertes reproches por su papel dentro de estas ejecuciones extrajudiciales. “Un hijo que yo amaba (…) lo odio con todo mi corazón, porque ustedes no saben lo que es que le entreguen a uno un hijo en esas condiciones”, le gritó María Dolores Sánchez, madre de Giovany Arias, quien fue retenido, asesinado y presentado como baja en combate.
Estructura criminal organizada
En el fallo que se emitió este viernes 19 de junio, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguró que el coronel en retiro hizo parte de una “estructura criminal organizada” que se encargó de poner en marcha un plan para presentar a civiles ajenos al conflicto armado como integrantes de grupos armados ilegales abatidos en combate.
Esto con el único fin de demostrar resultados operacionales siguiendo una “política institucional” que les “exigía ‘resultados operacionales’ a las diferentes unidades del Ejército”.
“No se trató de excesos individuales ni de episodios aislados: fue un patrón criminal deliberado, continuado y respaldado institucionalmente mediante órdenes de operaciones, sistemas de incentivos y el silencio cómplice de superiores y organismos de control que tuvo lugar durante esos años”, señala uno de los apartes de la decisión judicial.
En este caso se encontró un patrón de macrocriminalidad que tiene relación con la ubicación de personas que cumplían unas características para ser presentados como guerrilleros o delincuentes.
“Las víctimas eran hombres jóvenes, en su mayoría campesinos y personas en estado de vulnerabilidad, de los departamentos de Casanare, Boyacá, Arauca, Meta, Quindío y Santander”, resaltó el fallo.
“(Fueron) privados de la libertad fuera de sus territorios mediante engaños y promesas de trabajo y llevados a la jurisdicción del BIRNO para ser asesinados. Asimismo, personas estigmatizadas a partir de falsos reportes y antecedentes criminales, ejecutadas con sevicia y luego desaparecidas, para que sus familias no las pudieran encontrar”, añade.
En este sentido se señala que fue un patrón criminal deliberado, continuado y respaldado institucionalmente mediante órdenes de operaciones, sistemas de incentivos y el silencio cómplice de superiores y organismos de control que tuvo lugar durante esos años.
Frente a esta sentencia, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, manifestó que en este caso el punto central son las víctimas quienes deben recibir verdad, justicia y reparación por parte del compareciente.