La Fiscalía General de la Nación tendría programado para este viernes, 7 de noviembre, definir el futuro del millonario contrato para adquirir un sistema de verificación de identidad para el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que tendría riesgos de transparencia, planeación, legalidad y una afectación a la libre concurrencia, según la Procuraduría.
Desde el ente investigador, explicaron a SEMANA que “luego de responder a las observaciones planteadas por la Procuraduría, y dar absoluta tranquilidad sobre la transparencia con la que se ha seguido el proceso y el estricto cumplimiento a las normas de contratación pública, la Fiscalía General de la Nación reanudará la audiencia programada, bien sea para revocar la licitación o para declararla desierta”.
Este viernes, se tomaría la decisión definitiva que ha tenido en vilo la licitación para comprar un sistema de verificación para el CTI de la Fiscalía, después de que el procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, enviara un documento alertando una serie de irregularidades en el millonario contrato avaluado en casi 38.000 millones de pesos.
El procurador Melgosa advirtió que “la modificación que realizó la Dirección Ejecutiva versó sobre etapas que ya habían vencido y cuyo plazo ya se había agotado, más no sobre etapas pendientes de ejecutar, luego, lo que sucedió fue que se revirtió el proceso de contratación nuevamente a la etapa de evaluación”.
En ese documento de riesgos también se habló que la actuación de la Fiscalía General habría excedido el ámbito normativo, al utilizar una circular externa expedida por Colombia Compra Eficiente para modificar los efectos jurídicos del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. Se alertó posibles vulneraciones a principios de legalidad y transparencia.
El ente de control habló de una posible afectación a la seguridad jurídica del proceso, después de que la Fiscalía concedió un plazo de dos días para “subsanar” el contenido del segundo informe, lo que dejaría en evidencia una “aplicación parcial y selectiva de la normatividad” para ese contrato.
“Ninguna norma del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública faculta a las entidades para incorporar dentro de sus procesos de selección una fase denominada ‘término para subsanar y/o aclarar el segundo informe’”, explicó Marcio Melgosa en su concepto.
El país tendrá los ojos puestos sobre este contrato que se definiría este próximo 7 de noviembre, después de que la Fiscalía le resolvió las dudas y cuestionamientos que tenía la Procuraduría sobre este proceso, que implementará un nuevo sistema tecnológico al Cuerpo Técnico de Investigación de esa entidad.