El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, insistió en defender el proyecto de paz total y algunos resultados de esa estrategia que, en criterio del ministro del Interior, Armando Benedetti, fracasó. Sin embargo, hizo un mea culpa al advertir que la falta de un marco jurídico se convirtió en un problema para el objetivo final.
Aseguró el ministro que cuando se expidió la ley de paz total, con el apoyo del entonces ministro Eduardo Montealegre, no se incluyó un marco jurídico que delimitara los alcances de esa ley, y allí estuvo el principal problema, particularmente en el estatus político que se le otorgó a diferentes grupos criminales como las disidencias de las Farc.
“La presentación del exministro Montealegre del marco jurídico para la paz, ahí empezó el problema; se debió tener un marco jurídico desde el primer momento, desde el inicio de la negociación, porque eso generó incertidumbre que permanece hoy, en las distintas mesas de negociación. De tal suerte que yo sí considero que fue muy problemático que, si bien había una ley de paz total que le permitió hacer al gobierno las negociaciones, la falta de un marco jurídico afectó las negociaciones”, dijo el ministro.
Insistió el saliente ministro en que fue un error darles estatus político a las disidencias de las Farc, un asunto que incluso zanjó el Consejo de Estado con una decisión en la que se advierte que se violó el acuerdo de paz; por tanto, considerarlos o darles el estatus político a estos criminales terminó en un problema para el propio proyecto de paz total.
“No fue correcto darle estatus político a las disidencias de las Farc porque el Consejo de Estado reafirmó eso, en una decisión, porque eso violó el acuerdo de paz haberle dado estatus político a las disidencias de las Farc; eso no fue una buena decisión, generó muchos problemas”, advirtió el ministro de Justicia.
Para el ministro, hay algunos escenarios que se tienen que evaluar, sobre todo en lo que llama el proceso de paz urbana y las mesas de negociación que hay con diferentes cabecillas y capos de organizaciones criminales que se encuentran en diferentes cárceles del país, y ahí tiene que existir una comunicación con el gobierno entrante.