Los capturados harían parte de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco que, junto con una funcionaria pública de la Personería del municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare, habrían participado en el plan criminal para asesinar a ocho religiosos.
Las víctimas fueron señaladas por las disidencias de integrar una red al servicio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en ese departamento. Esa fue la razón para dejarlas a merced de las disidencias de las FARC, que decidieron asesinarlas. En ese momento, la funcionaria pública intervino.
Los delincuentes capturados fueron identificados como Miller Leonardo Garrafa, alias Miller; Angie Lisette Jaramillo, alias la Crespa, y Jorge Eliecer Ávila, alias Yucape, señalados integrantes del frente Armando Ríos de las disidencias de las FARC.
Todos fueron presentados ante un control de garantías para imputarles cargos y solicitar una medida de aseguramiento en su contra.
“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que estas tres personas habrían cumplido diferentes roles ilícitos en la planeación y ejecución de la desaparición y posterior homicidio de las víctimas”, señaló el director contra el Crimen Organizado, Andrés Escobar.
La Fiscalía explicó detalles de la presunta participación de la funcionaria pública en la organización criminal al servicio de las disidencias de las FARC. Obtenía, al parecer, información privilegiada y la suministraba a los grupos criminales; por el asesinato de los ocho religiosos habría recibido 12 millones de pesos.
“Garrafa Neira, quien sería el cabecilla de una estructura armada, presuntamente, ordenó citar a los líderes religiosos para que entregaran explicaciones sobre la supuesta intención de querer conformar una red del ELN en Guaviare. Esta afirmación se sustenta únicamente en que llegaban a la región provenientes de Arauca”, señaló el fiscal Escobar.
Advirtió la Fiscalía que los cuerpos de los religiosos fueron localizados, exhumados y entregados a los familiares el pasado mes de julio, tras un trabajo entre la Fiscalía y el Ejército, la Policía y el Instituto de Medicina Legal.