El ministro de Defensa, Jorge Mora, entregó nuevos detalles de lo que fue el bombardeo que dejó muertos a 10, entre ellos tres menores de edad, integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de las disidencias de alias Calarcá.
La operación se llevó a cabo en zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare. De acuerdo con la cartera, fue un “ataque estratégico” en tres zonas campamentarias cercanas al río Inirida.
Con la operación se logró la neutralización de 10 disidentes, quienes eran combatientes. Asimismo, se capturó a uno más y se recuperó a un menor de edad para el restablecimiento de sus derechos.
De igual forma, se incautó abundante material de guerra: 19 fusiles, 7 ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero de 60 mm, 22 granadas para mortero, 8 granadas de 40 mm, 174 proveedores, 184 minas antipersonas, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones.
“La operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución y también se realizaron los actos urgentes en el sitio de los hechos que exige la ley. Entre ellos, la entrega de los cuerpos a Medicina Legal para su respectiva identificación”, señaló el Ministerio de Defensa.
Acerca de la muerte de los tres menores de edad (dos de 15 años y uno de 16), que están entre los 10 combatientes neutralizados, el ministro Mora aseguró que el reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituyen un crimen de guerra y una grave infracción al derecho internacional humanitario.
En ese sentido, afirmó que la responsabilidad recae únicamente sobre los grupos armados organizados, que infringen no solo el Estatuto de la Corte Penal Internacional, sino también la normatividad nacional que establece como tipo penal el reclutamiento ilícito.
“Los ministerios de Justicia y Defensa estamos trabajando en una mesa interdisciplinaria para fortalecer la respuesta del Estado frente al reclutamiento y utilización de menores por estructuras narcoterroristas”, precisó.
El jefe de la cartera explicó que para esto serán convocadas la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y demás entidades competentes, con el objetivo de definir una ruta integral que fortalezca la protección de los menores y la sanción de quienes los reclutan.
“El desarrollo incluirá posibles ajustes penales, sanciones y fortalecimiento de la persecución de las estructuras y redes de captación”, manifestó.
Mora cerró su intervención lamentando que los menores de edad continúen siendo utilizados de esta forma por los grupos armados. “Rechazamos de manera categórica esta aberrante práctica”, apuntó.
“Se instaurarán las denuncias respectivas ante la Fiscalía General de la Nación”, concluyó.