“Regresar a Colombia fue el peor error de mi vida”, dijo Juan Carlos Ramírez Taborda, alias Manicomio, o el piloto de la mafia que, por segunda vez, se convirtió en víctima de una red de extorsionistas enquistada en la Fiscalía y la Policía. SEMANA revela el expediente que dejó la captura de investigadores, expolicías y falsos abogados.
Luego de que SEMANA develó que una red corrupta estaría vendiendo expedientes en la dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía, fueron capturadas ocho personas, entre funcionarios del CTI, la Policía, un exinvestigador, un exintegrante del Inpec y un supuesto abogado.
Las víctimas eran personas procesadas por lavado de activos, exnarcotraficantes que regresaron a Colombia, incluso sus familiares, señalados de testaferros. La estrategia criminal, a cargo supuestamente de los funcionarios de la Fiscalía y la Policía, tenía un libreto, un guion definido para repetirles a las víctimas.
En los allanamientos para capturar a los funcionarios, la Fiscalía encontró un documento redactado a puño y letra en el que se indicaba, cronológicamente, lo que tenían que recitarles a las víctimas para convencerlas de que estaban en la mitad de una investigación que los podría llevar a la cárcel.
“Se está llevando un proceso en contra de ellos y que ellos se ponen a disposición de la Fiscalía, que son personas de bien, y que quiere que sean escuchados en interrogatorio. Que se ponen a disposición de la Fiscalía por intermedio del abogado”, señala el paso número dos de ese guion encontrado en los allanamientos.
El libreto era la primera escena del novelón diseñado con el objetivo de asustar a las víctimas y obligarlas a pagar sumas que llegaban a los 1.000 millones de pesos. Luego vendrían los seguimientos, las fotos, las llamadas y las interceptaciones telefónicas, incluso a los abogados de las víctimas.
El ente acusador logró demostrar que los funcionarios inventaron informes de policía judicial para incluir, en solicitudes de interceptación, los números de las víctimas y sus abogados. Les dejaban alias y advertían la necesidad de escuchar las comunicaciones; fue así como descubrieron que, cansados de las extorsiones, los afectados decidieron denunciar.
Un supuesto emisario de los investigadores de la dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía, que fijó la tarifa por la información en 1.000 millones de pesos, advirtió que podría darles un abrebocas a las víctimas y demostrar que el proceso estaba y que el riesgo de ir a la cárcel era real.
El enlace, que se presentó como abogado, llegó con una USB donde estaba el expediente, incluso el organigrama de la organización a la que fueron vinculados los hermanos, la esposa, la exesposa y sobrinos del llamado piloto de la mafia, Juan Carlos Ramírez Taborda. El dispositivo fue entregado y, a cambio, en un hotel cerca del búnker de la Fiscalía en Bogotá, el supuesto abogado recibió la suma de 300 millones de pesos en una bolsa de regalo.
“Dice que el investigador que lleva el caso de lavado de activos, que quiere colaborarnos, donde estamos involucradas siete personas de mi entorno familiar y que van a expedir las órdenes de captura y que no hay nada qué hacer, porque van a capturar y que lo mejor es que nos fuéramos del país para Europa, y después de un año sí pueden volver”, señalan las declaraciones.
El falso abogado, que se convirtió en testigo de la Fiscalía, también entregó, en una servilleta, el número de proceso que incluía al entorno familiar de alias Manicomio y donde estaban, según su versión, pendientes las órdenes de captura. Sin saberlo, los funcionarios de la Fiscalía y la Policía estaban entregando la evidencia que luego los llevó a la cárcel por más de cinco delitos.
La Fiscalía advirtió que una vez los involucrados en la red corrupta se enteraron de la denuncia y de la investigación en su contra, se acercaron a las víctimas para pedir la devolución de la USB, de la evidencia de un trueque criminal; incluso ofrecieron el reintegro del dinero, además de algunos “favores” a los abogados.
Como las víctimas y sus abogados se mantuvieron en las denuncias, los investigadores buscaron otra ruta para enterarse de los detalles del proceso que corría en su contra. El entonces jefe de lavado de activos en la Dijín fue hasta la URI donde se radicó la denuncia y, según la Fiscalía, pidió conocer los detalles del caso.
En las cámaras de seguridad de la URI quedó registrada la entrada del oficial y un subalterno, de acuerdo con la Fiscalía, para obtener la denuncia. No lo consiguieron, por eso ingresaron al sistema del ente acusador y descargaron sin autorización el documento. Un hecho probado que se convirtió en un nuevo delito en su contra.
Otro de los implicados acudió a un asistente de fiscal, le pidió enredar el caso. Le ofreció dinero, luego advirtió que se trataba de una peligrosa organización, en alianza con una oficina de sicarios en Bogotá, en el sector de San Andresito.
“Le ofreció una suma de 50 o 100 millones de pesos, que si no colaboraba, había una banda de sicarios que trabajaba para la organización de él, y que estaba en San Andresito. Incluso ese funcionario renunció, me imagino que lo intimidaron”, señalaron los testigos del proceso.
“Las órdenes vienen de arriba”
Juan Carlos Ramírez Taborda habló con SEMANA y dijo que, antes de presentarse a las autoridades de Estados Unidos, hace más de una década, fue abordado por investigadores de lavado de activos y extinción de dominio. Según señaló, le pidieron una millonaria suma de dinero para frenar los procesos en su contra.
Luego de pagar una condena por narcotráfico, decidió regresar a Colombia y nuevamente les cayeron encima a él y a su familia. Funcionarios de la Fiscalía y la Policía les advirtieron que un proceso de lavado de activos y una millonaria extinción de dominio estaban en curso, “aunque había una solución”.
“Que ellos tenían los espacios contables, nos presentaban en la Fiscalía, nosotros no quedamos presos y que el proceso seguía, pero ellos dejaban unas falencias, que el contador forense las dejaba y con eso más adelante el proceso se caía”, dijo Ramírez Taborda.
La solución, de acuerdo con las declaraciones contenidas en el expediente, consistía en dejar unos “espacios vacíos” en un peritaje forense corrupto para garantizar que en el futuro el proceso se quedara sin elementos de prueba. Una explosión controlada en el caso.
El denunciante de este escándalo de corrupción, que permitió la captura de los funcionarios, advierte la gravedad de los hechos y cómo las órdenes “venían de arriba”; oficiales de alto grado estarían comprometidos. Incluso, advirtió, se estaría montando un nuevo proceso en su contra por narcotráfico.
“Yo percibo que hay un interés de arriba de no seguir adelante con el caso; lo dejaron en nueve capturados y ya… La verdad, uno se entrega a las autoridades norteamericanas, pagamos nuestra deuda con la sociedad americana, pero luego somos perseguidos el resto de la vida”, señaló el ahora testigo de la Fiscalía.
Ramírez Taborda y su abogada denunciaron persecución y amenazas. Se lo dijeron a la Fiscalía, pero dicen que les prestaron poca atención. Advierten que los han seguido, también a sus hijos, y de protección nada. Dicen que la organización tiene cabecillas con poder en la Fiscalía y la Policía, los tienen identificados y advierten que los van a denunciar.