Desde hace varios años llegó a la Fiscalía una gravísima advertencia firmada por un exnarcotraficante que se comprometió con la justicia de Estados Unidos a colaborar y entregar todo lo que consiguió producto de sus actividades ilícitas. Sin embargo, una parte de los bienes que dio para cumplir su compromiso quedaron en manos de testaferros, con la venia de fiscales de extinción de dominio que se habrían prestado para este ilícito.
La advertencia se convirtió en denuncia. Los exnarcos que en otra época se escondían de la justicia ahora la buscan para exigir que se investigue lo que consideran un cartel en la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía, entidad que en su momento tumbó a poderosos carteles del narcotráfico.
“Un fiscal recomienda un abogado y este anticipa que la mejor forma de evitar la vinculación a otras investigaciones y salvar algunas propiedades de la extinción de dominio es pagando hasta 2.000 millones de pesos. Conozco a varios que lo hicieron y, aun así, los procesaron”, señaló un exnarco que se considera víctima de estas extorsiones.
Dicen los exnarcos que “se cansaron” de intimidaciones y amenazas, supuestamente provenientes de fiscales de extinción de dominio, con advertencias de nuevos procesos, listados de bienes por incautar y familiares por vincular, incluso bajo hipótesis delictivas u organizaciones criminales inexistentes.
SEMANA conoció que la Fiscalía adelanta tres investigaciones luego de las denuncias de los exnarcos, que condensan los detalles de la supuesta red de corrupción en la entidad. Una de ellas está en manos de delegados del Tribunal Superior de Bogotá, y las otras dos avanzan en la Dirección contra la Corrupción.
Juan Fernando Álvarez Meyendorff es un exnarcotraficante que fue extraditado a Estados Unidos y que en Colombia llevó una vida de lujo. Amasó una fortuna en activos que ocultó a través de testaferros. Cuando fue capturado y confesó ante fiscales norteamericanos, se comprometió a contar todos los detalles de su vida criminal y a entregar los bienes que acumuló.
En 2013, la Fiscalía adelantó un gran operativo que se conoció como el Macrocaso Meyendorff. En ese proceso se decretó una extinción de dominio por la suma de 1,2 billones de pesos. Fueron más de 205 propiedades, en lo que entonces se calificó como “el proceso de extinción de dominio más ambicioso de la Unidad de Lavado de Activos”.
Activos destruidos
Casi 13 años después de ese ambicioso proceso, la Fiscalía sigue sin definir qué pasará con el listado de activos, muchos de los cuales quedaron bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), destruidos, abandonados o entregados a depositarios. Otra parte de esos bienes habría quedado en un supuesto y multimillonario trueque corrupto entre testaferros y fiscales.
En marzo de 2017, desde una cárcel en Nueva York, Meyendorff redactó una carta de su puño y letra para advertirle a la Fiscalía que no todos los bienes delatados quedaron incluidos en la extinción de dominio de 2013. Según su denuncia, algunos testaferros se quedaron con activos mientras supuestamente colaboraban con el ente acusador.
Fue solo hasta 2022 que, tras el anuncio de vincular a sus familiares a una investigación y un llamado de atención de la justicia de Estados Unidos, el exnarcotraficante decidió reactivar su denuncia en Colombia y radicar otra ante el Departamento de Estado. En esa denuncia puso sobre la mesa el supuesto pacto para apropiarse de los bienes que había entregado.
“Denuncié el lavado de activos por parte de la Fiscalía al permitir que el testigo (testaferro) se quedara con los bienes producto del narcotráfico que yo confesé en Estados Unidos, permitiéndole continuar con la titularidad de estos predios, los cuales fueron vendidos y cuyo dinero fue invertido en Estados Unidos”, señaló Meyendorff.
Fuentes de la Fiscalía aseguraron que las investigaciones avanzan con un plan metodológico, recopilación de elementos probatorios y declaraciones de las personas mencionadas en las denuncias. Incluso, en la Dirección contra la Corrupción se convocó una mesa técnica para unificar dos expedientes que relatan hechos similares.
Un informe de un exagente de la DEA, incorporado como elemento probatorio en la denuncia radicada en Estados Unidos, identifica plenamente al supuesto testaferro que fue testigo de la Fiscalía en Colombia y que, pese a haber sido delatado, se quedó con los bienes.
“El inmueble identificado con matrícula inmobiliaria correspondiente a un lote denominado La Selva, con un área de 18 hectáreas y media, ubicado en la vereda El Carmen, en la ciudad de Villavicencio, fue vendido por la suma de 392 millones de pesos a Juan Carlos Chalela Botero”, señala el informe.
La preocupación de los exnarcos frente al Gobierno de Estados Unidos es clara. Muchos permanecieron en ese país luego de cumplir sus condenas y actuar como testigos.
Los acuerdos de colaboración incluían la entrega de bienes que, tras los procesos de extinción de dominio en Colombia, serían compartidos con la justicia norteamericana, según un acuerdo firmado en 2016 entre ambos países.
En Colombia, el caso Meyendorff se convirtió en una papa caliente para la justicia: una millonaria extinción de dominio contenida en cinco cajas repletas de documentos y una cronología de más de una década de litigio. Denuncias, solicitudes, tutelas y advertencias se cruzan entre la defensa y la Fiscalía.
Mientras los fiscales alegan un “exceso” de defensa, los procesados denuncian una persecución con “visitas” del CTI a oficinas de abogados, acompañadas de reportes y seguimientos de seguridad. También aparecen falsos testigos que interpusieron tutelas alegando falta de pagos por sus declaraciones; otros aseguran que les prometieron porcentajes de dinero a cambio de mentir en sus testimonios.
“Era parte de lo que el doctor Rodrigo Aldana quería que yo declarara con el objetivo de sacarles plata a los dueños. Eso quedó en evidencia; yo tenía endiosado a ese fiscal y confiaba en él, pero me decepcionó”, declaró un testigo ante la misma Fiscalía.
Actualmente, es el propio ente acusador el que solicitó la preclusión de la investigación que mantenía viva la extinción de dominio. Insisten en continuar un proceso que estuvo a punto de convertirse en un incidente de desacato, tras una tutela que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, la cual emitió una advertencia contundente. “Se evidenció la tardanza de la delegada que, mediante sentencia, le otorgó 12 meses para culminar ese acto”, señaló el alto tribunal.
El fiscal del caso ofreció disculpas por lo que calificó como un “error” involuntario que mantuvo activa la extinción de dominio, a pesar de que la Corte Suprema ordenó cerrar el proceso en su etapa de indagación. “Presento excusas por esa falla, pero no ha sido con la intención malsana o de otra índole para burlar las decisiones proferidas por los magistrados de la Sala de Extinción de Dominio”, indicó.
Incluso la Procuraduría pidió investigar al fiscal del caso mediante una compulsa de copias, al advertir posibles conductas con relevancia disciplinaria por mantener un proceso agonizante. A las investigaciones que avanzan en Colombia se suman ahora las denuncias en Estados Unidos, donde ya se abrió formalmente un caso.
