Son seis informes los que componen la investigación del Ministerio de Defensa sobre una presunta grave falta de control que estaría cometiendo el Ejército en predios donde están situadas bases militares que tienen que ver con la seguridad nacional.
El informe del Ministerio de Defensa es directo: “La situación actual trasciende el ámbito de los conflictos de tenencia de tierras para configurarse como una amenaza estratégica que afecta la integridad territorial”, señala el Ministerio de Defensa.
Sistemático y criminal
La entidad además le reclama al Ejército que “se ha identificado la transición de ocupaciones aisladas hacia un modelo de usurpación sistemática y criminal, operado por estructuras que emplean un modus operandi basado en la defraudación documental, la instrumentalización de procesos judiciales y policivos, y la comercialización ilícita de lotes en sectores críticos como el predio Sicomoro, Resaca y la finca Berlín“.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, “resulta imperativo advertir que este fenómeno no solo lesiona el patrimonio del Estado, sino que degrada las capacidades operativas y funcionales del Centro Nacional de Entrenamiento (Cenae)”.
Para el Ministerio de Defensa, habría una presunta ocupación ilegal de tierras en bases militares de Melgar-Tolemaida, Tolima y Nilo, Cundinamarca.
“La ocupación irregular de áreas circundantes a lagos, zonas de entrenamiento y franjas de amortiguación operativa, mediante la 69 construcción de edificaciones suntuosas y la parcelación fraudulenta, compromete la seguridad de las instalaciones y limita la libertad de maniobra de las unidades militares”, señaló la autoridad del sector.
Para el Ministerio de Defensa, son claros los presuntos hechos de corrupción en este caso: “La corrupción para el citado tema depende más de la omisión de las funciones de los servidores públicos que de las mismas acciones del personal que debiera custodiar los bienes fiscales”.
Tras la gravedad de la auditoría interna, el Ministerio de Defensa además reconoció que “las investigaciones adelantadas evidencian una compleja red de irregularidades que habría facilitado la apropiación indebida de bienes de la Nación, afectando el patrimonio público y la seguridad jurídica sobre estos terrenos”.