Un informe ejecutivo de la Inspección del Ejército en poder de SEMANA, que cuenta con más de 60 páginas, revela graves problemas de contratación en obras del Ejército, que alcanzan un valor superior a los 66.000 millones de pesos. Los contratos, que salieron a licitación pública, estuvieron bajo el manejo del Comando de Ingenieros.
La situación es tan compleja que obras que se contrataron en 2024 con un plazo de ejecución de ocho meses no han sido entregadas dos años después, generando posibles riesgos económicos.
Entre los casos más graves se encuentra la construcción de una piscina olímpica de entrenamiento para militares en el fuerte militar de Tolemaida. Lo que parecía ser una obra sencilla terminó convirtiéndose en un entramado de dilaciones y pujas jurídicas entre el Ejército y el contratista para que se terminara la obra.
Se trata del contrato n.º 324 de 2023, que tenía como objeto la construcción de una piscina olímpica para la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá. Las presuntas irregularidades que halló la Inspección del Ejército en la planeación de este contrato dejan en entredicho la capacidad de la unidad de ingenieros para contratar obras, que debería ser su especialidad.
Las alarmas se encendieron debido a que pasaban los meses y el Ejército no recibía la piscina. El valor de la obra era de 8.369 millones de pesos y debía ser entregada en diciembre de 2024. Sin embargo, según pudo corroborar SEMANA, a mayo de 2026 la construcción aún no ha sido entregada. Los hallazgos de la Inspección del Ejército advierten sobre posibles errores graves cometidos por el Comando de Ingenieros en la contratación de la obra.
El informe de la Inspección del propio Ejército resume así la contratación cuestionada, adelantada por esa unidad: “Durante la inspección documental realizada a las carpetas maestras de los contratos n.º 323-Cenacingenieros-2023, n.º 324-Cenacingenieros-2023, n.º 331-Cenacingenieros-2023 y n.º 333-Cenacingenieros-2023, se evidenciaron debilidades en la planeación de los proyectos, las cuales generaron traumatismos durante la ejecución de las obras nuevas y de los mantenimientos de instalaciones”.
La piscina quedó mal planeada desde el inicio. El contratista le argumentó al Ejército que para ejecutar la obra era necesario realizar excavaciones más profundas y rellenos adicionales que no habían sido contemplados en los paquetes técnicos entregados por el Comando de Ingenieros.
Falta de planeación
“Durante la inspección documental y física, se logró establecer que la excavación necesaria, de acuerdo con los taludes indicados en el plano ES603, más los retiros requeridos para garantizar el proceso constructivo, demandaba excavaciones y rellenos adicionales a los previstos en el paquete técnico”, detalla la Inspección.
Pero las inconsistencias en el proyecto no pararon ahí. La Inspección encontró falta de seguimiento al anticipo de más de 4.000 millones de pesos que se le entregó al contratista.
“No existen soportes documentales (facturas que discriminen los ítems, plan de utilización o de inversión con el visto bueno del supervisor y/o el interventor) de la adquisición de los bienes y servicios del anticipo, de acuerdo a lo acordado”, dice el preocupante informe sobre los dineros que ya fueron entregados a los contratistas.
Además, señala la Inspección, el Ejército no tenía control de los trabajos dentro de las propias instalaciones militares de Tolemaida, donde el contratista disponía de las zonas restringidas a sus anchas, ubicaba los residuos de las excavaciones en sitios no apropiados y adelantaba intervenciones sin licencias de construcción.
“Se evidenció que esta obra se está adelantando sin la expedición previa de la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, requisito exigido por la normatividad vigente”, señala la Inspección del Ejército.
Sobre el manejo del anticipo, los documentos en poder de SEMANA dejan mal parado al Ejército y al control que debe hacer de este. “Del anticipo, un valor de 4.183.804.359,43 pesos con ejecución 99,97 por ciento, de los cuales solo han sido amortizados en la Cenacing el valor de 898.562.254,37 pesos; la diferencia por valor de 3.285.242.105,06 pesos son recursos que no han sido amortizados en los estados financieros de la Cenacing”, señalan los documentos en poder de SEMANA.
Pero el caso de la piscina olímpica es solo uno de los contratos. Sería la punta del iceberg de una serie de presuntas irregularidades que anticipan un escándalo en la unidad militar. Justamente, la modalidad de contratación es idéntica a la del caso de Centros Poblados, es decir, llave en mano. Los hallazgos de este informe ya son comparados con los del mencionado desfalco.
Cero ejecución de obra
El otro contrato que causó alarma en la Inspección del Ejército por las graves falencias evidenciadas es el n.º 323 de 2024, por un valor que supera los 33.000 millones de pesos. Sobre este, fuentes del Ejército le confirmaron a SEMANA que al contratista se le entregaron como anticipo 9.000 millones de pesos para ejecutar dos frentes de obra, pero en la actualidad no se ha entregado ninguna.
Las obras, según lo pactado, debían iniciarse el primero de abril de 2024 y la entrega estaba programada para noviembre de 2025. El objeto del contrato bajo la modalidad llave en mano era el diseño y construcción de dos alojamientos para tropa en la Escuela de Soldados Profesionales.
Sobre este contrato, los hallazgos de la Inspección del Ejército también resultan preocupantes, pese a que la planeación técnica pasó por filtros de oficiales y civiles, entre ingenieros, arquitectos, topógrafos, abogados y personal especializado. Incluso sobre los proyectos tuvieron conocimiento generales de la república, como el caso de la general Martha David Bastidas, quien en 2023, siendo coronel y como jefe del Departamento de Ingenieros Militares, hizo la solicitud de recursos para las obras que luego entraron en el cuestionado contrato n.º 323.
Bastidas, es de recordar, fue también la jefe hasta hace poco de adquisición del Comando de Ingenieros y, según fuentes militares, fue trasladada al Batallón de Reclutamiento del Ejército.
Con respecto a este contrato, la Inspección detalló que las obras fueron mal planteadas desde el inicio por parte del Comando de Ingenieros. El error fue documentado así:
“La localización de los alojamientos de tropa de la Espro (Contrato n.º 323-Cenacingenieros-2023) se propuso en un sector cuyo tipo de suelo requería de una cimentación profunda para las edificaciones, diferente a la cimentación superficial prevista en el anexo técnico 2, lo que generaría un aumento de costos o la disminución del alcance del proyecto”.
Además, para el caso de las aulas de la Escuela Militar de Suboficiales, se indica que “los criterios que definieron la localización inicial no fueron lo suficientemente sólidos, y no evitaron que argumentos posteriores relacionados con el funcionamiento de la Escuela y la cercanía entre el bloque de aulas nuevo y el existente modificaran la localización inicial, argumentos que, además, debieron ser analizados durante la planeación”.
Estas presuntas irregularidades en el Comando de Ingenieros desencadenaron que el caso fuera denunciado por el entonces inspector del Ejército, general Olveiro Pérez, ante la justicia penal militar, bajo el radicado 137163 y con el asunto ‘Denuncia resultado misión de trabajo 0422025, presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos’.
Además de la mala planeación en las millonarias obras del Comando de Ingenieros, según la Inspección, otro hecho grave llamó la atención: se trata del contrato n.º 335 de 2024, de interventoría, adjudicado a la Universidad Nacional.
La institución educativa tenía la misión de vigilar la inversión de los recursos y alertar sobre eventuales falencias, como las documentadas en el espinoso informe en poder de SEMANA. El costo de la auditoría fue de 7.438 millones de pesos, de los cuales se desembolsó el 50 por ciento.
La Inspección del Ejército concluyó que la interventoría de la Universidad Nacional fue deficiente: no hubo planeación ni seguimiento adecuados, lo que impidió tomar correctivos oportunos frente a los contratistas. “Esta condición se presentó por deficiencias en el seguimiento a la ejecución del Contrato de Interventoría n.º 335 (...), lo que impidió que de manera oportuna se implementaran las acciones correspondientes”, señala el documento.
La Inspección del Ejército señaló que varias de las obras atrasadas, que tuvieron una vigilancia deficiente, fueron contratadas luego del 8 de julio de 2025. Según el informe, “La construcción de obra nueva y el mantenimiento de instalaciones en algunos frentes se adelanta sin la vigilancia adecuada desde los puntos de vista técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico”.
En el contrato n.º 333 de 2023, para la adecuación y mantenimiento del rancho de tropa de la Escuela de Soldados Profesionales, en Nilo, Cundinamarca, también hubo serios hallazgos.
El valor del contrato fue de 6.197 millones de pesos para una ejecución de ocho meses, es decir que en noviembre de 2024 tenía que estar listo. Se le entregó como anticipo al contratista más de 3.000 millones de pesos y a la fecha se le han concedido cuatro prórrogas.
En este contrato, la Inspección encontró múltiples fallas nuevamente en la planeación inicial: “Se evidenció que durante la ejecución del contrato se modificó la localización inicial del rancho (...) este cambio generó reprocesos en el replanteo de los diseños, y contribuyó a que el contratista de obra argumentara retrasos durante la etapa de ejecución”.
Otro de los contratos cuestionados por la inspección fue el n.º 331 de 2024 por un valor de 10.600 millones de pesos, de los cuales ya le pagaron al contratista 9.780 millones. Este tenía el propósito de ejecutar mantenimiento de aulas, alojamientos y casinos de oficiales, entre otros, en Tolemaida, Florencia, Ipiales y Neiva.
El plazo de ejecución era similar a los anteriores, ocho meses. Sin embargo, fuentes del Ejército confirmaron que aún no se ha dado el acta de recibo de las obras porque falta corregir aspectos técnicos.
Sobre este contrato, la Inspección encontró que se solicitaron cesiones que implicaban irregularidades: “La Inspección reveló que el proceso de cesión no cumplió con los procedimientos y requisitos legales, financieros y documentales que rigen la contratación pública”.
Las conclusiones de la Inspección tienen apreciaciones sumamente graves para los intereses económicos del Ejército Nacional. Entre ellas que el Comando de Ingenieros estaría haciendo licitaciones tipo sastre, a la medida de los contratistas, incluso sin fijar fechas de entrega, dejando en sus manos la culminación de las obras.
SEMANA consultó al Ejército por la situación de los contratos. Indicaron que dieron traslado a los órganos de control y judiciales para que inicien las investigaciones.
Sobre el contrato n.º 331, indicaron que se está esperando el acta de recibo de las obras. En cuanto al contrato de la piscina olímpica, respondieron que se espera que esté finalizada en julio de este año. Respecto al n.º 323, admitieron que el proyecto prácticamente se quedó en papeles; de los dos frentes de obra, uno está con el cero por ciento de ejecución y el otro tiene solo un avance del 3 por ciento. Y frente al contrato de interventoría indicaron que está suspendido.