Un nuevo escándalo sacude a la Unidad para las Víctimas. SEMANA revela cinco denuncias de presunto acoso laboral que enfrenta Alix Aguilar Tirado, la directora encargada de la entidad, que inquietan a los órganos de control. Entre tantas cosas, un contratista intentó quitarse la vida por las aparentes presiones de la funcionaria, se la señaló de emprender una estrategia de persecución contra las personas que pusieron en evidencia prácticas irregulares y fue acusada de condicionar los puestos de trabajo de sus subalternos al apoyo político que se les brinde a sus aliados.
El nombre de la directora es desconocido en el círculo cercano del presidente Gustavo Petro. Ella es referenciada en la Casa de Nariño por ser la ahijada de Gustavo Moreno, el polémico senador que recibió el control de la Unidad por el respaldo que les dio a las reformas en el Congreso. De acuerdo con testimonios recogidos, Moreno convirtió la dependencia en un fortín político y, al parecer, en Aguilar Tirado encontró una aliada para fortalecer la maquinaria que lo ayudó a reelegirse en el Legislativo.
Luego de 25 años trabajando en Barrancabermeja –la tierra del senador Moreno– como psicóloga y otros oficios, Alix Aguilar Tirado aterrizó en Bogotá para tomar las llaves de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas. En 2026, Petro la designó como la líder de la Unidad, pese a los cuestionamientos que rodearon su gestión en su anterior cargo. Según las denuncias en poder de SEMANA, en ambos puestos habría maltratado a varios subalternos.
Felipe Ramírez le contó a la Procuraduría y al Ministerio del Trabajo que se desempeñó como el asistente de Aguilar Tirado cuando ella asumió cuatro direcciones en encargo y una en posesión: “Generó una sobrecarga laboral extrema. Para cumplir con las tareas, debía continuar trabajando fuera del horario laboral, incluso en horas nocturnas, fines de semana y madrugadas. Mi posición fue malinterpretada, derivando en abuso de confianza por parte de la directora, quien me inducía a sacrificar mi tiempo personal para atender sus órdenes”.
En las declaraciones, el contratista aseguró que el ambiente hostil le causó desgaste físico, psicológico y emocional. Es más, sus funciones desencadenaron presiones y señalamientos de sus compañeros de oficina. Él denunció a una de ellas por acoso y señaló que Aguilar Tirado no atendió sus preocupaciones: “Me obligaba a mantener trato personal y telefónico con mi acosadora y su grupo de amigas, incluso prohibiéndome defenderme y enviar correos institucionales. Para ella, era necesario que, por temas laborales, entablara conversaciones telefónicas y vía WhatsApp con quienes me perturbaban y agravaban mi deterioro”.
Felipe Ramírez agregó que el nivel de presión aumentó con los días, a tal punto que trató de atentar contra su vida: “Nos persiguió vulnerando nuestros derechos humanos, hasta el punto de que, en varias ocasiones, intenté suicidarme ante la presión de los problemas, sintiendo que no quería seguir viviendo y que la vida había perdido sentido. Lo que comenzó como una oportunidad laboral se convirtió en un martirio”.
Ligia Soto, cuyo nombre real pidió omitir, trabajó hasta abril de 2026 en la Unidad para las Víctimas y denunció ser víctima de acoso por parte de la directora encargada y una de sus más cercanas asesoras. Su carta de renuncia pone en evidencia la grave situación que padeció: “Las razones que me llevan a tomar esta decisión son la vulneración sistemática por parte de usted y de la doctora Sandra Moreno Parra a mis derechos fundamentales, como al trabajo en un entorno libre de violencia y en condiciones dignas, a la dignidad humana, a la salud y al acoso laboral del que he sido víctima por parte de ustedes”.
En una declaración enviada a la Procuraduría General, ella describió supuestos malos tratos en una reunión ocurrida en marzo de 2026: “Llovieron los agravios y las ignominias para todos los abogados, degradándolos como personas, seres humanos, adultos mayores y profesionales, afectando nuestros derechos fundamentales al honor, la dignidad, menoscabando nuestra autoestima y todos nuestros derechos mínimos como trabajadores y/o contratistas”.
Sobre este episodio, ella también declaró: “Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados por la doctora Alix Aguilar Tirado, como que ‘era mejor contratar a técnicos o bachilleres que podían hacer mejor el trabajo que nosotros los profesionales en derecho’. Amenazas en cuanto a que cediéramos el contrato o la Unidad lo daba por terminado anticipadamente, como lo ha expresado en reiteradas oportunidades (…), aprovechando la necesidad económica de las personas”.
En el dosier de pruebas también hay conversaciones de WhatsApp entre la directora de la Unidad para las Víctimas y sus subalternos. En un grupo de contratistas, ella los invitó a eventos que la posicionaban y les prometió, en uno de ellos, que se tendría en cuenta como evidencia a la hora de reclamar sus cobros, cuando no está dentro de sus funciones: “Mañana 9 a. m. conmemoramos virtualmente con las víctimas en el exterior el 9 de abril. A los contratistas se les tendrá en cuenta como evidencia de la cuenta de cobro del mes de abril”.
No solo eso. En horas de la noche, cuando estaban por fuera del horario laboral, ella los instó a asistir a la protesta del primero de mayo que convocó Gustavo Petro en varias ciudades de Colombia: “Por correo electrónico les enviaré la directriz presidencial que indica que es obligatorio mañana acudir a las marchas del 1 de mayo. Es una acción presidencial, así que mañana, por favor, todos envían sus evidencias de asistencia y motiven a sus equipos a marchar y a publicar en redes”.
Dos contratistas de la Unidad para las Víctimas, quienes pidieron omitir sus identidades, le señalaron a la Procuraduría que Aguilar Tirado y su equipo de asesores les habrían retenido sus cuentas de cobro sin justa causa porque sospechaban, supuestamente, que ventilaban ante la opinión pública denuncias de aparentes irregularidades y corrupción en esa dependencia.
Al parecer, ella centró su mirada sobre dos personas que entablarían conversaciones con medios de comunicación para denunciar inconsistencias en contrataciones y cuestionadas movidas en la Unidad. En efecto, habría solicitado aislarlas en las oficinas y cortar todo tipo de comunicación para blindar sus actuaciones: “Me dijo que no podía seguir hablando con ellos o no me renovarían el contrato. Yo solo le respondí que era imparcial, que solo estaba haciendo mi trabajo. Hoy ya no estoy trabajando en la Unidad”.
Habla la directora
La directora encargada de la Unidad para las Víctimas, Alix Aguilar Tirado, manifestó que nunca ha maltratado ni acosado a sus subalternos. Al contrario, reveló que denunció ante la Fiscalía a dos contratistas por los presuntos delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, amenazas, acoso, injuria y calumnia.
Ella desconoció haber acosado a su asistente, pues, aparentemente, le pedía que se desconectara del trabajo y revisara los asuntos pendientes entre el lunes y viernes, contrario a su testimonio. También desmintió irregularidades en las supuestas retenciones de pagos, dado que se habrían cumplido los requisitos de ley y así lo determinó un Juzgado que revisó uno de los episodios.
Aguilar Tirado agregó que no tiene señalamientos por acoso laboral dentro de la Unidad para las Víctimas.