La Defensoría del Pueblo alertó al Gobierno Nacional sobre la inestabilidad que persiste en la dirección de la Unidad para las Víctimas y en varias de sus dependencias. Esta situación, según advirtió, ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales de la política pública dirigida a esta población.
Alertamos al Gobierno Nacional sobre la inestabilidad que persiste en la dirección de la @UnidadVictimas y en sus dependencias, situación que ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales de la política pública de víctimas.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 26, 2026
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En un pronunciamiento oficial, el organismo de control señaló que la falta de estabilidad en la entidad encargada de la atención y reparación de las víctimas del conflicto armado ha tenido impactos directos en el desarrollo de medidas clave, en un contexto en el que este grupo poblacional representa aproximadamente el 20 % de la población del país.
La advertencia de la Defensoría se conoce luego de que el pasado viernes fuera declarado insubsistente el director general de la Unidad para las Víctimas, una decisión que se produjo en medio de diversas denuncias por presuntas irregularidades en procesos de contratación durante su gestión, de las que ya había alertado SEMANA.
Frente a este escenario, la entidad exhortó al Gobierno Nacional a dar respuesta a los cuestionamientos relacionados con posibles hechos de corrupción y a adoptar medidas que garanticen transparencia y estabilidad administrativa.
Como ya lo había dicho esta revista, la decisión de sacar al director de la entidad, Adith Rafael Romero Polanco, se produjo luego de que se denunciara la existencia de un presunto fortín político, así como posibles vínculos con el senador Gustavo Moreno. Hechos que le valieron la apertura de una investigación ante la Procuraduría y la Contraloría.
Las revelaciones de SEMANA se sumaron a un clima de creciente controversia alrededor de la entidad, particularmente por señalamientos relacionados con la contratación y el uso del poder administrativo.
En ese contexto, la Defensoría subrayó que la estabilidad institucional y la transparencia son condiciones indispensables para impulsar de manera efectiva las políticas públicas dirigidas a las víctimas del conflicto.
El organismo insistió en que la atención, reparación y garantía de derechos de esta población requiere una entidad sólida, con liderazgo claro y sin cuestionamientos que comprometan la confianza pública.
Por ello, reiteró su llamado al Ejecutivo para que se adopten decisiones que permitan superar la inestabilidad y asegurar que la Unidad para las Víctimas cumpla plenamente su misión.