El Partido Conservador Colombiano denunció una presunta intervención de grupos armados ilegales en el proceso electoral y aseguró que Colombia enfrenta una “grave amenaza contra la libertad electoral”, tras conocerse reportes sobre presiones a votantes y amenazas en varias regiones del país de cara a la segunda vuelta presidencial.
A través de un comunicado, la colectividad manifestó su preocupación por las recientes informaciones divulgadas por integrantes de las Fuerzas Militares y medios de comunicación, las cuales darían cuenta de la expansión de estructuras armadas ilegales y de posibles presiones sobre las comunidades en diferentes territorios.
Según el partido, las denuncias se concentran en departamentos como Nariño, Cauca, Caquetá, Guaviare, Huila y Chocó, así como en municipios como Policarpa, Ricaurte, Túquerres, Argelia, Totoró y La Vega. En estas zonas se habrían identificado amenazas contra la población y mecanismos de control ilegal del voto.
“Colombia está enfrentando hoy una grave amenaza contra la libertad electoral”, señaló el Partido Conservador, al advertir que la influencia de organizaciones criminales podría afectar las garantías democráticas durante la jornada electoral.
La colectividad también expresó inquietud por las denuncias relacionadas con el relevo de oficiales y miembros de la Fuerza Pública que habrían advertido sobre riesgos para la seguridad electoral. En su pronunciamiento, sostuvo que las alertas institucionales deben ser investigadas y atendidas por las autoridades competentes.
“Genera una preocupante percepción de tolerancia frente a fenómenos criminales que deberían ser combatidos con toda la capacidad del Estado”, indicó el partido al referirse a la situación de los uniformados que habrían alertado sobre la presencia de grupos armados en algunas regiones.
Ante este panorama, el Partido Conservador hizo un llamado al Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y las autoridades electorales para que adopten medidas urgentes que garanticen la seguridad antes, durante y después de las votaciones.
Asimismo, solicitó a la comunidad internacional, a las misiones de observación electoral y especialmente a Estados Unidos mantener una vigilancia permanente sobre cualquier situación que pueda afectar la transparencia del proceso democrático colombiano.
Finalmente, la colectividad recordó que la legitimidad del poder político solo puede surgir del voto libre de los ciudadanos y advirtió que la democracia colombiana no puede permitir que organizaciones criminales, grupos armados ilegales o estructuras ligadas al narcotráfico intenten influir en la voluntad de los electores mediante intimidaciones o amenazas.