Todo un revuelo ha causado el posible nombramiento de Laura Patricia García Mejía, directora de Cooperación de la Cancillería y madre de la representante María del Mar Pizarro, como asesora grado 16, el máximo nivel en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su hoja de vida ya fue publicada para ese cargo en la página de aspirantes de la Presidencia.
El tema ha generado interrogantes al interior del Palacio San Carlos porque, según fuentes enteradas de ese proceso que hablaron con SEMANA, quisieran dejarla nombrada más allá del gobierno del presidente Gustavo Petro, que terminará este 7 de agosto. Incluso, se dice que podría quedar con fuero pensional, por lo que el mandato entrante de Abelardo De La Espriella no la tendría fácil para removerla de ese cargo si así lo deseara el ministro entrante, Omar Bula Escobar.
Otro punto que ha despertado cuestionamientos alrededor del nombramiento de García es que, mientras estuvo como directora de Cooperación, se presentaron quejas de trabajadores por una supuesta persecución en contra de ellos, pues desde que llegó a ese cargo le habría solicitado la renuncia a todos los funcionarios para conformar un equipo mayoritariamente de contratistas, muchos de ellos del Pacto Histórico.
Ante estos hechos, el pasado mes de junio, los tres sindicatos de la Cancillería la cuestionaron conjuntamente. Desde Semrex, Unidiplo y Sicamre le enviaron una comunicación al viceministro Mauricio Jaramillo; a la secretaria general, Elvira de las Mercedes Sanabria; y a la directora de Talento Humano, Eliana Paola Salguero, para que intervinieran ante esas denuncias.
“En ejercicio de su función constitucional y legal de representación y defensa de los derechos de los servidores públicos de la entidad, se permiten expresar su profunda preocupación por las reiteradas situaciones puestas en conocimiento de las organizaciones sindicales, relacionadas con presuntos hechos de acoso laboral, conflictos interpersonales, deficiencias en el manejo de las relaciones laborales y deterioro progresivo del ambiente de trabajo al interior de la Dirección de Cooperación Internacional, a cargo de la doctora Laura Patricia García Mejía”, afirmaron desde los sindicatos.
Según dijeron, estos reclamos en contra de García vienen desde octubre del año pasado. Los sindicatos agregaron que registraron el movimiento de seis funcionarios de carrera diplomática, dos de carrera administrativa y la no renovación del contrato de diez prestadores que tenían experiencia de años al servicio de la entidad, además de quejas de tensiones en el entorno laboral, “afectaciones emocionales y desgaste profesional”.
“A la fecha, la Dirección de Cooperación Internacional no cuenta entre sus servidores con funcionarios de ninguno de los dos regímenes de carrera, lo que implica una desinstitucionalización del servicio y una inobservancia del mérito como principio rector de la función pública”, cuestionaron desde los sindicatos.
SEMANA habló con la abogada Cindy Reyes, quien representa a García en los casos de supuesto acoso laboral. Aseguró que no podría haber quejas de acoso laboral, pues se trató de un contratista, que en términos jurídicos no sería lo mismo que un empleado de planta.
“Ningún trabajador ha presentado queja contra ella porque las personas que lo hicieron es porque tienen una relación contractual, son contratistas, no trabajadores; no es el mismo escenario de subordinación de un trabajador a un independiente”, aseguró Reyes.
La abogada agregó que no tienen conocimiento de que los sindicatos hayan hecho ese reclamo y que García ha acudido a los comités de convivencia laboral con los contratistas para resolver esta situación.