El próximo 12 de agosto el Congreso en pleno deberá elegir el reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez a la Contraloría General de la República y el proceso está en su recta final.
Aunque todo estaba transcurriendo con calma, en las últimas horas el abogado constitucionalista, Jorge Eliecer Laverde, informó que entregó poder al abogado Ricardo Gaviria para que presente una denuncia en la Fiscalía General de la Nación por unos ataques que se estarían presentando en redes sociales y a pocos días de la elección.
Según Laverde, su abogado llevará al ente acusador las pruebas de una persecución que se inició en varias cuentas de X y que son cercanos a sectores radicales.
El candidato a la Contraloría confirmó que ya está todo el material probatorio que se entregará a la Fiscalía para que se adelanten las investigaciones necesarias y se determine quién está detrás de esos ataques por redes.
En redes sociales han empezado a publicar algunos mensajes de chats y supuestas conversaciones sobre cómo se orquestaría una campaña de desprestigio en contra de Laverde.
Los escritos hablan de supuestas acusaciones contra el candidato sin sustento alguno, otros de molestias por sus presentaciones en el Congreso y señalamientos de activistas del petrismo.
Toda esa información deberá ser corroborada por la Fiscalía y determinar la veracidad de la misma.
Laverde, uno de los más opcionados para llegar a la contraloría general, aseguró que está sorprendido porque la campaña que se viene adelantando no tenía problema alguno y que lamenta lo que está pasando cuando cada candidato está haciendo su trabajo para mostrarlo ante el Congreso de la República.
En cuando a la elección, en los pasillos del Legislativo se asegura que Jorge Laverde y Andrés Castro son los más opcionados para reemplazar a Carlos Hernán Rodríguez.
Las bancadas están definiendo su voto y en los próximos días darán a conocer su respaldo político. El gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella ha dicho que no se meterá en esta elección y que únicamente espera que el Congreso tome la mejor decisión con base en experiencia y méritos académicos.